VITORIA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -
La concejala del PP en la localidad alavesa de Cuartango, Ana Salazar, ha remitido a la Audiencia Nacional siete anexos que contienen las actas de los plenos municipales que "constatan" la participación de un ex edil de Batasuna en las sesiones plenarias con el "beneplácito" del alcalde, José Ramón Salazar (PNV).
A través de un comunicado, el Partido Popular explicó hoy que el envío de esta documentación responde a una denuncia presentada ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional el pasado 3 de agosto, en la que se indicaba que el ex edil de la formación ilegalizada José Luis Urtaran intervenía en los plenos "como si fuera un concejal más".
Según el PP, a raíz de estas declaraciones de Salazar podría abrirse una nueva línea de investigación que comprendiera también los municipios alaveses de Salvatierra, Campezo y Urkabustaiz, cuyos alcaldes "tampoco impiden que ex concejales de Batasuna se sienten en la mesa junto al resto de ediles y ejerzan como miembros de la Corporación".
El PP lamentó que tras la denuncia del pasado 3 de agosto, el presidente del Araba Buru Batzar (ABB) Iñaki Gerenabarrena, saliera en defensa del alcalde de Cuartango "afirmando que el primer edil había tenido ya tres juicios por esta cuestión y había salido absuelto".
Ante estas declaraciones, Salazar indicó que la única denuncia interpuesta contra el alcalde ha prosperado tras admitirse a trámite el recurso presentado en junio por los populares ante la Audiencia Provincial de Álava.
"Está claro que el señor Gerenabarrena está faltando a la verdad para quitar importancia a unos hechos en los que la propia Audiencia Nacional ha hallado indicios de criminalidad; no es de recibo la manipulación y el escaso talante democrático que ponen en práctica los dirigentes nacionalistas a la hora de afrontar sus responsabilidades", manifestó.
La edil popular consideró que la actuación del alcalde de Cuartango está provocando el "desprestigio" del Ayuntamiento y de la vida democrática municipal, "jalonada de graves insultos y faltas de respeto hacia mi persona con el consentimiento del resto de la Corporación".
La concejala confió en la Justicia para poner fin a una situación "fuera de la legalidad y que en ocasiones convierte la vida municipal en un caos".