El PP se suma a la moción de CiU para obligar a Maragall a convocar elecciones y ERC presentará enmiendas

BARCELONA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP se sumará a la moción de CiU que se votará en el próximo pleno del Parlament para obligar políticamente al presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, a disolver la Cámara antes del inicio del próximo periodo de sesiones el 1 de septiembre y convocar elecciones anticipadas. La moción también podría contar con el apoyo de ERC si la federación nacionalista acepta las enmiendas que prevén presentar, según confirmaron a Europa Press fuentes de las diferentes formaciones.

La moción presentada por CiU señala que el Parlament de Cataluña, "ante la pérdida de apoyo de la mayoría parlamentaria del Gobierno de la Generalitat, y teniendo en cuenta la permanente inestabilidad política del país, insta al presidente de la Generalitat para que, haciendo uso de sus atribuciones, disuelva el Parlament antes del inicio del próximo periodo de sesiones y proceda a la convocatoria de elecciones anticipadas".

Fuentes del PP confirmaron el voto a favor de este punto de la moción, mientras que ERC está preparando enmiendas con la pretensión de que los comicios no se celebren más allá del mes de octubre. El PSC ya ha anunciado su oposición a la moción por considerar que "pretende limitar las capacidades del Gobierno catalán", según explicó el portavoz del PSC, Miquel Iceta.

Por otra parte, el PP también estaría dispuesto a votar a favor el resto de la moción o presentar alguna enmienda puntual a la pretensión de CiU de someter a debate y votación del Parlament hasta once planes y programas del Gobierno de la Generalitat con el objetivo de "conformar el consenso político necesario para impulsar aquellas decisiones necesarias para garantizar la gobernabilidad del país".

Asimismo, ERC podría presentar enmiendas con el fin de blindar los proyectos y planes impulsados por las consellerias que ocupaban en el Gobierno antes de su cese como el plan territorial sectorial de equipamientos comerciales. También quieren que el Parlament supervise decisiones que se puedan tomar en las próximas semanas como una posible venta de la participación de la Generalitat en Al-pi o el hipotético traspaso de las oficinas de Bienestar y Familia a los ayuntamientos, que el Parlament ya rechazó en el último pleno.

Según la moción de CiU, los proyectos que el Ejecutivo debería trasladar al Parlament son el de la Red Natura 2000, el plan territorial sectorial de equipamientos comerciales, el plan de infraestructuras de transporte, los planes territoriales parciales, los planes directores territoriales y los urbanísticos, el plan de saneamientos de aguas residuales urbanas e industriales, el plan de la nieve, el plan general de política forestal y el plan de desarrollo rural 2007-2013.

Además, la moción exige al Gobierno de la Generalitat que traslade al Parlament, con carácter previo a su aprobación, los proyectos de decreto o propuestas que afecten los procesos selectivos de personal, los acuerdos relativos a procesos de información pública y licitación de las grandes infraestructuras, los acuerdos en materia de peajes, la definición de las líneas estratégicas de actuación de la Feria Internacional del Libro de Frankfurt y hasta la venta de la participación de la Generalitat en Al-pi.

También quieren someter a control del Parlament, los convenios de traspasos de competencias con las diputaciones, el reglamento de apuestas por internet, el traspaso de las oficinas de Bienestar y Familia a la que la Cámara ya se opuso en el último pleno, y el despliegue de los gobiernos territoriales de sanidad y de los consorcios territoriales del Servei d'Ocupació de Cataluña (SOC).

Finalmente, la moción pretende que el Parlament repruebe al conseller de Cultura, Ferran Mascarell, por considerar que ha manifestado "de forma explícita su voluntad de no cumplir la moción" aprobada por unanimidad en la Cámara catalana sobre las obras de arte de la Franja que se encuentran en el Museo Diocesano de Lleida y que impediría su traslado hasta que se aclare el conflicto sobre su propiedad.