PP y UM rechazan la enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Capitalidad de Palma

El Parlament balear rechazó hoy, con los 32 votos en contra de los Grupos Parlamentarios Popular y el Grupo Mixto (UM), la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Socialista al Proyecto de Ley de Capitatalidad de Palma, en un pleno extraordinario en el que, de nuevo, PSIB-PSOE, PSM, y EU-Els Verds no participaron en la votación.

Al debate de la enmienda de devolución asistieron, además de varios regidores palmesanos, como el de Deportes, Rafael Durán, el de Hacienda y Presupuestos, Pedro Álvarez, y el de Transportes, Alvaro Gijón, la alcaldesa, Catalina Cirer, quien previamente se reunió con el presidente del Govern, Jaume Matas, a quien trasladó la necesidad de incluir en la futura ley una dotación de 30 millones de euros para costear los gastos derivados de la capitalidad.

La portavoz socialista, Francina Armengol, criticó al Ejecutivo autonómico por no haber evaluado los costes de capitalidad y las competencias que tendrá el Ayuntamiento tras la aprobación de la norma a fin de determinar la "financiación necesaria" para poder sufragar los gastos que supondrá a la capital balear adaptarse a la realidad de 2006.

En este sentido, criticó que el documento sea una "mala copia" de la Carta Municipal de Barcelona de 1999, sin adaptarse a los cambios competenciales surgidos durante este tiempo, con lo que, según Armengol, se "fustran" las expectativas legítimas de los ciudadanos de Palma que se merecen una ley "rigurosa" y "seria".

Al respecto, Armengol propuso la creación de una Comisión Mixta, entre Govern y Ayuntamiento para hacer un estudio técnico y económico previo, así como la creación de un Fondo de Capitalidad que establezca el "compromiso político" de incluir, cada año, en los presupuestos de la Comunidad Autónoma una partida para compensar los costes de la capitalidad.

El conseller de Interior, José María Rodríguez insistió en la necesidad de lograr el mayor consenso para sacar adelante la ley, y se mostró abierto a recoger el mayor número de enmiendas parciales posibles, para conseguir que sea la "ley de todos". Apuntó que espera que pueda entrar en vigor el 31 de diciembre de 2006, coincidiendo con la Fiesta del Estandarte de Palma.

Asimismo, aseguró que el Govern se compromete a fijar un porcentaje mínimo del 16 por ciento en el presupuesto autonómico, lo que supondrá una cuantía de 100 millones de euros anuales, permitiendo así compensar los gastos los gastos adicionales que supone la capitalidad y equilibrar el desarrollo de la ciudad conforme a sus necesidades reales.

Por su parte, el reponsable de UM en el Grupo Mixto, Miquel Nadal, apeló a la necesidad de alcanzar un "consenso" para aprobar una ley que debería "compensar" los gastos que asume el consistorio en cuanto a servicios e infraestructuras que no sólo utilizan los palmesanos sino, en muchos casos, a toda Mallorca y a los miles de visitantes que cada año vienen a la isla .

Nadal apuntó que el 16 por ciento de los presupuestos de la Comunidad Autónoma no es "suficiente" para que Palma cuente con una financiación "adecuada", por lo que solicitó un incremento en la dotación destinada en el la futura ley, que permita prestar un buen servicio a todos los ciudadanos.

Por otro lado, el portavoz de EU-Els Verds, Miquel Rosselló, se criticó la "falta de consenso" para consensuar el texto y que no se "delimiten" las competencias con las que contarán cada una de las instituciones de las islas, la misma idea que planteó durante su intervención la diputada del Grupo Parlamentario del PSM, María Luisa Mascaró, quien acusó al Govern de haber roto el "consenso" sobre el proyecto de Ley de Capitalidad, y insistió en que lo primero que se necesita es una "buena financiacíón", porque "si no, no servirá para nada", advirtió.