PP y UPyD defienden la responsabilidad penal para los partidos y los demás les acusan de "populismo peligroso"

EUROPA PRESS

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP y UPyD han defendido este jueves en el Pleno del Congreso la extensión a los partidos políticos de la responsabilidad penal, una enmienda introducida en el proyecto de reforma del Código Penal en materia de fraude que ha sido criticada por los demás grupos parlamentarios, que aprecian un "populismo peligroso" que puede llegar a permitir que un juez ilegalice un partido político por la conducta delictiva de sus militantes.

El Código Penal sitúa a los partidos y a los sindicatos, al igual que a la Administración, fuera de la responsabilidad penal que rige para el resto de personas jurídicas. El 31 de octubre, UPyD pidió al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que pusiese fin a esa exención, que considera un "privilegio", y el Gobierno aceptó: una semana después, cuando se debatía en comisión la citada reforma parcial de Código Penal, el PP aceptó la enmienda de UPyD en tal sentido.

El proyecto se ha debatido este jueves en el Pleno del Congreso y los demás grupos de la oposición han expuesto sus críticas a ese cambio legal. Para el socialista Julio Villarrubia, esa enmienda abre una senda de "populismo punitivo" y "demagogia". "Es una aberración y un ataque al sistema democrático --ha dicho--. De nuevo estamos ante otra reforma ideológica y ante una chapuza jurídica y una desvergüenza política y social".

Según Gaspar Llamazares, de IU, ese cambio legal es "una escopeta de cazar leones en Escocia" que busca "criminalizar a los partidos y a los sindicatos. A su juicio, "el Código Penal es una cosa muy seria" y no puede redactarse con "populismo". En ese sentido, se ha preguntado si ahora se va a intentar ilegalizar sindicatos por convocar huelgas generales.

PNV: EL PP PUEDE SER DISUELTO POR SUS IMPUTADOS

El nacionalista vasco Emilio Olabarria ha calificado de "genuina atrofia democrática" la "extravagancia" de atribuir responsabilidad penal a los partidos cometidos por sus militantes o asociados y ha aconsejado al PP preocuparse por el tema porque "no carece de imputados en sus propias filas".

"Esto es populismo legislativo, punitivo y peligroso porque desapega de nuevo a la sociedad de los partidos, que no nacieron para la comisión de delitos --ha denunciado--. El PP se arrepentirá de haber caído en el populismo que otros partidos practican. Les pido seriedad, a ver si algún grupo de esta cámara va a ser disuelto".

En la misma línea, la ponente de CiU, Mercé Pigem, ha recordado que la responsabilidad penal para personas jurídicas se introdujo en el Código Penal para hacer frente a nuevas formas de criminalidad organizada, pero se excluyó a las administraciones, a los partidos y a ,los sindicatos porque encarna "instituciones esenciales en el Estado democrático de Derecho".

Tras recordar que las formaciones políticas tienen su responsabilidad penal y sanciones adecuadas en la Ley de Partidos, la diputada de CiU ha avisado de que con esta reforma "hecha por la puerta de atrás", sin el perceptivo informe de la Fiscalía y del Consejo del Poer Judicial, se pueden disolver o suspender partidos por lo que hagan sus militantes.

MEDIDA DE EFECTOS DISUASORIOS

La promotora de la reforma, la portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha criticado la "alarma" de los demás partidos de la oposición y ha subrayado que la reforma es "un avance desde la perspectiva de la regeneración democrática y la transparencia".

"Ningún partido tiene que tener miedo a que esto se incluya en el Código Penal, lo mismo que no lo tienen las ONG, que también están sometidas a este régimen --ha señalado--. Son medidas políticas con efectos preventivos y disuasorios importantísimos, además de punitivos".

El ponente del PP, José Miguel Castillo, ha añadido que "no es de recibo" que partidos políticos y sindicatos estén exceptuados de las responsabilidades penales que tienen el resto de las personas jurídicas de derecho privado en España: "Es un privilegio y tenemos la firme determinación de acabar con él", ha subrayado.

Tras garantizar que en el Senado se intentará corregir las posibles "deficiencias técnicas" de la enmienda, el PP ha advertido a los demás grupos de la oposición de que les resultará "muy difícil" explicar a la ciudadanía su negativa a aceptar el cambio legal: "Vienen a oponerse nuevamente a un clamor popular, a una petición justificada para que, quienes nos dedicamos a la política, seamos los primeros en dar ejemplo --les ha espetado--. En ello nos va la confianza de los ciudadanos hacia la política y no vamos a renunciar a dar este importante paso, aunque ustedes se opongan".

SIN CASTIGO PENAL PARA CONSULTAS ILEGALES

Lo que el PP ha rechazado es la pretensión de UPyD de recuperar en esta misma reforma parcial del Código Penal el castigo para la convocatoria ilegal de referendos, a la vista del anuncio del presidente de la Generalitat, Artur Mas, de convocar una consulta soberanista con o sin el respaldo del Gobierno central.

Según Rosa Díez, España tiene que responder a la "afrenta" de los nacionalistas catalanes para proteger la democracia y las instituciones de los gobernantes dispuestos a vulnerar las leyes. "Tenemos que reaccionar políticamente a tiempo para que tenga ese efecto preventivo y para que ese gobernante que dice que se va a saltar las leyes sepa que eso tiene consecuencias, que no es gratis --ha añadido--. ¿Vamos a hacer como con el tema de los desahucios, vamos a esperar a que estén las urnas en la calle, a que se produzca el drama?.

La posición de UPyD fue rebatida por CiU, cuya portavoz ha remarcado que Cataluña no propugna "en modo alguno" saltarse la legalidad. "Lo único que propugnamos es iniciar un proceso donde se respete la voluntad de la ciudadanía, legítimamente manifestada en las urnas, y lo que nos parece muy poco democrático es adoptar instrumentos para cercenar la expresión de la ciudadanía", ha replicado Mercé Pigem.