El delegado del Gobierno en Catalunya, dispuesto a comparecer en el Parlament
BARCELONA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -
Los dos grupos que forman gobierno en la Generalitat, PSC-CpC e ICV-EA, se quedaron hoy solos en el Parlament defendiendo sus respectivas resoluciones a raíz del reciente colapso del Aeropuerto de El Prat. La oposición (CiU, ERC y PP) no apoyó ningún punto de las resoluciones socialista ni ecosocialista.
En cambio, convergentes, republicanos y populares aprobaron sus respectivos textos. ERC y CiU se apoyaron mútuamente los puntos de sus resoluciones que reclaman traspasar a Catalunya la "gestión integral" de El Prat. Además, ERC concreta que debe realizarse a través del artículo 150.2 de la Constitución, el cual contempla el traspaso de competencias del Estado a las autonomías.
Las resoluciones de PSC-CpC y de ICV-EA también pedían el traspaso, pero mediante el 140.3 del nuevo Estatut. Los republicanos defienden la vía del 150.2 porque entienden que el Estatut garantiza un consorcio y el consiguiente cambio de modelo de gestión, pero no la mayoría de la administración catalana en ese consorcio. En cuanto al PP, su resolución no defendía el traspaso.
Los textos que defendieron CiU, ERC y PP coincidían en considerar que la Generalitat, pese a no tener competencias sobre El Prat, no respondió como lo requerían las circunstancias excepcionales del momento. Ese fue hoy el argumento de la oposición en el debate previo a las votaciones. Además, reprocharon a los socialistas falta de autocrítica en su resolución.
CRÍTICAS A MARAGALL.
El presidente de CiU, Artur Mas, echó de menos "cosas absolutamente centrales", ya que no figura "ningún tipo de exigencia de responsabilidad de los niveles gubernamentales", lo que consideró "una tomadura de pelo". Además, criticó la tardanza en reaccionar por parte del presidente catalán, Pasqual Maragall.
Mas se preguntó si la consellera de Interior ofreció apoyo de los Mossos d'Esquadra en el aeropuerto -como aseguró Montserrat Tura_ o si no lo hizo --como declaró a la prensa el delegado del Gobierno en Catalunya, Joan Rangel--.
El líder de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, se preguntó "quién manda en El Prat" y denunció "hasta qué punto" el presidente y sus consellers "se han atrincherado" alegando que la crisis "no era de su competencia legal", y reprochó también al presidente que hablara públicamente después de que lo hiciera el presidente del Gobierno central.
Carod advirtió de que "la falta de capacidad de respuesta debilita el concepto de autogobierno", y se preguntó de qué le sirve a Catalunya tener un gobierno propio si "dice que no es competencia suya" un problema que afecta a tanta gente. Según él, Fomento tuvo "reacciones de Gobierno" y la Generalitat "tuvo reacciones de diputación pequeña".
El dirigente republicano criticó que Maragall tenga una visión "optimista" de Catalunya al considerar "residual" al Estado con el nuevo Estatut, norma que, con esta crisis, se demuestra insuficiente. En este sentido, negó de nuevo las palabras de Maragall, quien situó esta semana que el autogobierno catalán actual a la cabeza del de las regiones europeas sin Estado.
El portavoz popular, Francesc Vendrell, dijo que ninguna administración hizo nada al principio "y finalmente, la administración que tenía competencias se decidió a actuar". En cualquier caso, constató que hay trabajadores que admitieron que hubieran salido de las pistas del aeropuerto -donde se concentraron_ si hubiera acudido la policía.
"Estamos hablando de incompetencia de la cosa pública del Partido Socialista", dijo Vendrell, y reprochó al delegado del Gobierno en Catalunya, Joan Rangel, que no haya comparecido aún ante el Parlament pero sí haya concedido una entrevista a un medio de comunicación. Sobre el traspaso del aeropuerto, el portavoz parlamentario del PP defendió que ahora "no toca" debatir quién debe tener la competencia, sino abordar la gestión de la crisis.
EL PSC INVOCA A PUJOL.
El portavoz de ICV-EUiA en la cámara, Joan Boada, criticó la "demagogia" de las intervenciones de la oposición al incluir a la Generalitat entre los responsables de la gestión de la crisis.
Boada defendió su resolución destacando la necesidad de solidarizarse a indemnizar a los afectados, como figuraba también en resoluciones de otros grupos. Y constató que las responsabilidades son fundamentalmente de Aena e Iberia, y la ministra de Fomento "debe asumir la responsabilidad".
El portavoz socialista, Joan Ferran, también criticó esas intervenciones "electoralistas", que consideró "sordas" a las comparecencias habidas ya en el Congreso y el propio Parlament.
Ferran insistió en que "sí ha habido respuesta" a la crisis, "y no sólo política, sino sindical", en referencia a las disculpas que ha pedido UGT de Catalunya, cuyo secretario general, Josep Maria Álvarez, acudió a la sesión de la Diputación Permanente. Carod-Rovira también destacó las disculpas del sindicato.
Joan Ferran dijo que la resolución socialista pretende "solucionar los problemas que hay encima de la mesa" en vez de intentar "erosionar" al ministro y candidato a presidir la Generalitat, José Montilla.
"Intuíamos que pasaría algo como lo que estaba pasando" -dijo--, "que cualquier brote de legionela, incendio o cualquier situación hubiera sido aprovechado para hacer política de ruido". En especial, criticó la "poco edificante" oposición de "la nueva cúpula" de CiU, en contraste con la "cultura de gobierno que les legó Jordi Pujol".
RANGEL PUEDE COMPARECER A FINALES DE AGOSTO.
Antes de debatirse las resoluciones, la Diputación Permanente abordó la comparecencia del delegado del Gobierno. El presidente del Parlament, Ernest Benach, hizo saber que Rangel le manifestó esta misma mañana su disposición a comparecer, después de que la anterior sesión de la Diputación, el 2 de agosto, requiriera su asistencia con el único voto en contra del PSC-CpC.
Ante la voluntad de Rangel, CiU retiró hoy su nueva petición de comparecencia, que hubiera obtenido todos los votos a favor excepto el socialista. Esta vez, el delegado estaba obligado a asistir en aplicación del nuevo Estatut, en vigor desde el pasado jueves. Sin embargo, cuando se votó la comparecencia por primera vez, el 2 de agosto aún estaba en vigor el Estatut de 1979, que no le obligaba.
La fecha se acordará entre Rangel y la cámara. Los grupos pidieron hoy que se realice entre el día 23 y el final de agosto.
