SEVILLA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los tres extrabajadores del mercado central de abastos de Sevilla prejubilados merced al expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2003 y cuyas rentas fueron temporalmente suspendidas por la Consejería de Empleo; P.V.M., J.G.M. y J.D.M., alegan que no están imputados en la causa judicial relativa a la posible trama de prejubilaciones fraudulentas y que son víctimas de una "discriminación". Todos ellos han denunciado por un presunto delito de prevaricación a cuatro altos cargos de la Consejería de Empleo, entre ellos el viceconsejero de Empleo, Justo Mañas.
Como se recordará, la Administración andaluza adoptó esta decisión al figurar estas tres personas entre las 111 discordancias administrativas detectadas por la Consejería de Empleo después de haber revisado 67 expedientes de regulación de empleo a cuenta de la posible trama de prejubilaciones fraudulentas investigada por el Juzgado de Instrucción número seis. La denuncia, en concreto, se dirige contra Justo Mañas como viceconsejero de Empleo, el director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Alberto Rivera, la exjefa de coordinación de relaciones laborales de la Consejería de Empleo Pastora Fernández, y su sucesor en el puesto, Rafael Arévalo.
Dado el posicionamiento de la Junta de Andalucía ante esta denuncia, Marta Mejías, del departamento de comunicación del gabinete Sánchez Mejías y Asociados, ha señalado a Europa Press que ninguno de sus clientes está imputado en la investigación de la citada trama o ha sido llamado a declarar ante el Juzgado de Instrucción número seis, "ni siquiera como testigos". Ha defendido que estos tres extrabajadores de Mercasevilla se acogieron al ERE "de buena fe" y la suspensión temporal de sus rentas constituye un acto "de discriminación", dado que otros prejubilados en las mismas circunstancias seguirían percibiendo sus rentas.
LA TRAMA DE LOS ERE
La titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, indaga una posible trama de prejubilaciones fraudulentas en expedientes de regulación de empleo incentivados con fondos autonómicos y su relación con el acuerdo rubricado, en 2001, entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), al objeto de librar 647.869.157,45 euros durante los últimos años para la reestructuración de empresas en crisis. Y es que con la citada fórmula, según la investigación, los libramientos de ayudas habrían eludido la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa.
Las subvenciones e incentivos otorgados mediante este método, ni siquiera publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), constituyen según la Policía Judicial un "incumplimiento flagrante" de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. La Consejería de Empleo, en una investigación paralela, ha detectado y elevado a la juez Mercedes Alaya un total de 72 prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de "discordancias administrativas" en los expedientes de regulación de empleo promovidos por al menos una treintena de empresas andaluzas con cargo a este fondo de 647.869.157,45 euros.
Entre los expedientes de regulación de empleo investigados por la Consejería de Empleo y la juez Mercedes Alaya figuran aspectos del ERE promovido en 2003 por la sociedad mixta Mercasevilla, participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa. Y es que en buena parte de la documentación del procedimiento figura, en calidad de aspirante a la prejubilación, una mujer identificada como María del Carmen Fontela González y que jamás ha trabajado en esta compañía.
EL ERE DE 2003
El nombre de Fontela González, en concreto, figura en el 'estudio de prejubilaciones' del expediente de regulación de empleo promovido en 2003 por el mercado central de abastos de Sevilla y en el protocolo de colaboración, pero no está incluido en los documentos librados por Mercasevilla formalizando la "salida" de los trabajadores acogidos al ERE de 2003. Porque finalmente, esta mujer fue prejubilada a través del expediente de regulación de empleo impulsado en 2005 por el restaurante sevillano Río Grande, a cuya plantilla tampoco pertenecía María del Carmen Fontela.
De cualquier modo, el expediente de regulación de empleo acordado en 2003 por la sociedad mixta Mercasevilla fue autorizado y plenamente incentivado por la Administración autonómica. No obstante, los extrabajadores identificados como P.V.M., J.G.M. y J.D.M., todos ellos acogidos a dicho procedimiento, vieron cómo los pagos correspondientes a sus nóminas era "suspendidos temporalmente", según había informado a Europa Press Rafael Domínguez, presidente del comité de empresa de Mercasevilla.
