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MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, calificó esta tarde, en la conferencia que pronunció en el Club Siglo XXI, de "preocupante" la situación en la que se encuentra el TC y dijo esperar con "anhelo y ansiedad" la reforma de su ley reguladora que actualmente debate el Congreso, en la que confía en que se alcance el mismo consenso que cuando la norma fue aprobada en 1979 por casi el 80 por ciento de la Cámara.
Casas destacó que la reforma que se tramita "debería atender a las necesidades de funcionamiento presentes y futuras" del tribunal, "brindándole los instrumentos técnicos adecuados para el cumplimiento de las altas tareas constitucionales que tiene encomendadas, dirigidas a velar por la supremacía de la Constitución para que las normas elaboradas por el legislador y la actuación de los demás poderes públicos, y no sólo de aquél, no las contradigan".
En su opinión, el balance positivo del alto tribunal "ha puesto de relieve una serie de disfunciones generadas en el funcionamiento y trabajo del tribunal, que, sin embargo, no han impedido el correcto desempeño de su función". Explicó que el legislador del 79 no podía prever el extraordinario aumento de la demanda de justicia constitucional que se ha producido y que puede significar "un fiel reflejo de la alta valoración y confianza que los ciudadanas depositan en el Tribunal Constitucional".
Casas citó como principal necesidad del TC que se acorten los plazos de respuesta, para lo que considera imprescindible disminuir el número de asuntos pendientes de admisión, mediante reformas legales urgentes. "La necesidad de evitar que el recurso de amparo sea una tercera instancia y la de invertir el tiempo que el tribunal dedica al dictado de un elevado número de decisiones de inadmisión, basadas mayoritariamente en la falta de contenido constitucional de las demandas de amparo, son también objetivos que debemos alcanzar", aseguró.
En este sentido, explicó que las providencias o autos de inadmisión a trámite de asuntos planteados absorbe gran parte del trabajo de la institución, que en sus 25 años de historia, cumplidos el año pasado, ha recibido 102.628 demandas de todo tipo. De los 386 recursos registrados en 1981 se ha llegado a 7.951 en 2004 y 9.708 en 2005. En el primer trimestre de 2006 se han ingresado 3.718 asuntos.
INDEBIDA LLEGADA AL TC.
De los recursos de amparo presentados, más del 95 por ciento han sido inadmitidos a trámite. Es decir, el TC sólo estima anualmente en torno al 3 por ciento de todos los recursos de amparo que recibe, lo que, en opinión de su presidenta, "confirma la eficacia de la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas prestada por la jurisdicción ordinaria y, consiguientemente la indebida llegada a la jurisdicción constitucional de un elevado número de asuntos".
"El Constitucional necesita mecanismos procesales que le permitan reordenar sus tiempos y sus energías: reducir la excesiva dedicación que presta a la admisión de los recursos de amparo y trasladarla al enjuiciamiento de las demandas de amparo admitidas y de control de la constitucionalidad de la ley o de la conflictividad competencial", insistió Casas.
IMPONER LA CONSTITUCION TERRITORIAL.
Tras recordar que en 2005, el Constitucional cumplió 25 años, la presidenta resaltó que el alto tribunal "ha cumplido con los conflictos territoriales, en la institucionalización y desarrollo del Estado autonómico". En su opinión, "el proceso constituyente prorrogado se ha completado ya en buena medida con la jurisprudencia creada por el tribunal en esos 25 años", por lo que "se impone la sujeción de todos los poderes públicos a esa 'constitución territorial' creada a fuerza de sentencia, cuando así ha sido".
En este sentido, hizo hincapié en "la tarea desempeñada por el tribunal en la definición del contenido esencial de los derechos fundamentales y libertades públicas de un modo coherente con la concepción de España como un Estado social y democrático de Derecho y en la defensa de su garantía, constituyendo su doctrina, de incomparable trascendencia para nuestro Estado de Derecho y la totalidad del ordenamiento jurídico, un potente vehículo de impregnación de nuestro ordenamiento interno por los valores europeos".
