Presidente de AUME comparece el domingo ante la prensa tras el fin de su arresto por unas declaraciones sobre el Cougar

Actualizado 23/02/2007 19:14:19 CET

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), el brigada del Ejército de Tierra Jorge Bravo, comparecerá este domingo ante la prensa en la sede de su asociación en Madrid horas después de haber concluido su arresto de un mes y un día en centro disciplinario militar por unas declaraciones sobre el accidente del 'Cougar' que realizó en marzo de 2006.

Según confirmaron a Europa Press fuentes de la asociación militar, el brigada será puesto en libertad mañana, sábado, en torno a las 22.00 horas, concluyendo así el internamiento que inició el pasado 25 de enero en cumplimiento de la sanción ratificada por el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general de Ejército Carlos Villar Turrau.

El brigada volverá a aparecer ante los medios de comunicación, tras haber recibido durante su arresto el apoyo de otras asociaciones como la Federación de Asociaciones Militares de España (FAME), que incluye las asociaciones AMARTE y CIOFAS, y el foro asociativo europeo 'EUROMIL', que integra más de 30 asociaciones de 20 países con un total de unos 500.000 asociados. El presidente de dicha organización, el suboficial belga Enmanuel Jacob, acudió esta misma semana a Madrid, acompañado por el presidente de la Asociación Nacional de Sargentos (ANS) portugueses, Antonio Lima Coelho, para visitar a Bravo en el centro disciplinario militar en que ha cumplido su sanción, en Colmenar Viejo (Madrid).

Días después de iniciarse el arresto, el brigada Jorge Bravo solicitó la nulidad de la sanción mediante un recurso de 'habeas corpus', argumentando que el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ratificado por España, establece que no puede privarse a nadie de libertad sin una decisión judicial y que España no había renovado su reserva a ese apartado del tratado internacional.

El juez togado militar rechazó el recurso en un auto en el que señaló que la anulación o mantenimiento del arresto debía decidirla el "máximo tribunal de garantías", el Tribunal Constitucional, y argumentó que "un humilde juez" no puede pronunciarse sobre la adecuación de una ley orgánica, la de Régimen Disciplinario, a los tratados internacionales.

Tras el rechazo del 'habeas corpus', el Consejo de Ministros aprobó en su reunión del pasado 9 de febrero actualizar la reserva española al apartado del Convenio Europeo de Derechos Humanos que estipula que las medidas privativas de libertad deben ser decididas por una autoridad judicial.