El presidente del TSJ vasco critica las novedades de la instrucción penal

Juan Luis Ibarra
EUROPA PRESS
Actualizado: lunes, 19 octubre 2015 13:42

Ve necesario un proyecto global de modernización del sistema de justicia para mejorar "la calidad, eficiencia e independencia"

BILBAO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, ha considerado que las últimas modificaciones de la instrucción penal llevadas a cabo no mejoran la "calidad y eficiencia" de la Justicia. Asimismo, ha defendido que se necesita un proyecto global de modernización del sistema de justicia para mejorar la "calidad, su eficiencia y la independencia judicial".

Ibarra ha intervenido este lunes en la inauguración del año judicial, que ha contado con la presencia del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de todo el Estado.

También han estado presentes en el acto, entre otros, el lehendakari, Iñigo Urkullu; el consejero de Justicia, Josu Erkoreka; el delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo; la presidenta del Parlamento vasco, Bakartxo Tejería, el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria y el alcalde Bilbao, Juan María Aburto.

En su intervención, Ibarra ha reflexionado sobre las reformas introducidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por las que se restringen las atribuciones del juez en la fase de instrucción y se generaliza la doble instancia en la jurisdicción penal, aunque, por contra, se prescribe que las medidas aprobadas "no podrán suponer incrementos de dotaciones de plantilla ni retributivos ni de gastos de personal".

En este sentido, ha alertado de que las medidas de reforma parciales han contado con "el exiguo respaldo de los votos del 51,14% y del 52,57% de los diputados del Congreso".

Tras señalar que el objetivo perseguido no era otro que paliar los déficit de la situación creada por "el constatado fracaso en la obtención del consenso requerido para la aprobación de un nuevo código procesal penal que sustituya a la Ley de Enjuiciamiento Criminal", Ibarra ha defendido que esto no se alcanzará si el poder legislativo no ha generado "el acuerdo entre los grupos parlamentarios para definir unas medidas de urgencia que solo el Gobierno considera que no pueden esperar a ser resueltas en la siguiente legislatura".

Por ello, ha defendido que se necesita un "proyecto global" de modernización del sistema de justicia dirigido a la mejora sustancial de su calidad y de su eficiencia, así como a la más plena garantía de la independencia judicial. "Pero es lo cierto que estas medidas no muestran el suficiente grado de habilidad para alcanzar ese ansiado objetivo", ha advertido.

ENCUENTRO DE PRESIDENTES

El acto de inauguración del año judicial ha coincidido, además, con el encuentro de presidentes de Tribunales Superiores de Justicia que en la presente edición responde al lema 'Por el derecho a una buena administración de justicia' en alusión al mismo derecho recogido en la carta Europea de Derechos Fundamentales.

"La clave de este derecho", ha manifestado Ibarra, está en "situar en el centro del funcionamiento de la organización judicial a la persona que accede a la jurisdicción o es llamada a colaborar con ella".

Según ha indicado, en torno a ese objetivo el encuentro se pasará revista a tres cuestiones: las respuestas organizativas requeridas por las recientes reformas legales que abordan la implantación de la segunda instancia penal en el ámbito de los TSJ y atribuyen nuevas competencias casacionales a las salas de lo contencioso-administrativo; la contribución de la mediación intrajudicial a la satisfacción del derecho a la tutela judicial y la gestión de la "brecha abierta por el efecto combinado de una muy escasa plantilla judicial de plazas presupuestarias y de una drástica congelación de la planta de los juzgados y tribunales".

Por último, ha advertido de que la eficiencia de la administración de Justicia no ha evitado el incremento de la desigualdad económica y social, y ha remarcado que, en este contexto, la función de los jueces en la aplicación del derecho incluye una tarea que consiste en inocular "razonabilidad" en el ejercicio de la autoridad.