Dice que el hecho de que ETA no haya desaparecido crea un "problema de convivencia y de compromiso de cara al futuro"
BILBAO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -
El presidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra, cree que el respaldo ideológico" a ETA debe ser "depurado" y ha abogado por una recuperación de la memoria que "nos permita convivir como sociedad" y evitar que "en el futuro esto pueda volver a producirse".
En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Ibarra ha afirmado que el "adiós a las armas" de ETA "no habría sido posible sin el triunfo de la democracia y de los demócratas sobre los propósitos liberticidas de ETA".
No obstante, ha indicado que, aunque ya son cuatro años de "inactividad de una organización terrorista", ha apuntado que la "organización no ha desaparecido, sigue vigente".
Por lo tanto, ello, a su juicio, plantea "un problema lógicamente de convivencia y también de compromiso de cara al futuro". "Yo creo que el liberarnos de este tipo de organización tiene que pasar por una opción de carácter social"
"Lo que podríamos decir que es el respaldo ideológico que permitió el nacimiento y desarrollo de ETA, ese respaldo ideológico tiene que ser depurado en cuanto a lo más importante, que es que la vida humana puede emplearse como medio de acción política. Sin embargo, se ha empleado durante 50 años", ha añadido.
Ibarra ha indicado que ahora "nos enfrentamos a esa recuperación de la memoria" que "nos permita reconocernos a nosotros mismos como sociedad, que nos permitan convivir como sociedad y evitar que, en el futuro esto pueda volver a producirse".
El presidente del alto Tribunal vasco ha indicado que ha conocido "toda la evolución y todo el desarrollo de este mal sueño de la irracionalidad". "Y tenemos que contribuir, no obviando el diálogo, no obviando el debate sobre lo que sucedió, sino llegando a saber, a establecer, a debatir sobre cómo nos pudo suceder esto y llegando a hacerlo para que no vuelva a suceder en el futuro", ha apuntado.
Precisamente, la ausencia de violencia de ETA es una de las "tres experiencias destacables" de su anterior mandato, a pocos días --11 de septiembre-- de que tome posesión nuevamente como presidente del TSJPV.
El presidente del alto Tribunal vasco ha señalado que esta situación les está permitiendo desarrollar un "profundo diálogo entre justicia e instituciones", tanto de la Comunidad Autónoma como las representantes del Estado en Euskadi, "en una relación de apertura que es franca y de mutuo entendimiento entre Justicia y sociedad vasca".
MODERNIZACIÓN DE LA JUSTICIA
Otra de las "experiencias destacables", es el hecho de que hayan podido participar, "de manera muy activa" en la mordernización de la organización administrativa de los juzgados y tribunales, en concreto, de doce de los catorce partidos judiciales de Euskadi.
Según ha apuntado, han implantado un nueva organización de la oficina judicial en esos partido judiciales y se plantean el "reto" de cumplir con "las recomendaciones del Consejo de la UE en el sentido de que la calidad de la juridicción, la independencia judicial y la eficiencia del sistema de justicia vayan de manera conjunta".
Ibarra ha indicado que esta primera experiencia no ha culminado, ya que faltan los partidos judiciales de Barakaldo, que se inaugura el próximo mes de septiembre, y de San Sebastián y Bilbao.
Según ha señalado, las consecuencias de esa modernización de la Justicia es que ahora "la relación no es la de 'un juez, un juzgado'", sino que el ciudadano se encuentra con "una organización en la que hay servicios comunes". En este sentido, ha manifestado que se mejora la información que recibe el ciudadano, que puede conocer el estado de tramitación de sus asuntos y se da una "mayor agilidad en su tramitación y resolución".
El presidente del TSJPV ha destacado como "segunda experiencia" contribuir a que los jueces y magistrados mantengan el "ánimo, la motivación, y el compromiso" en una legislatura que ha sido de "unas fortísimas restricciones presupuestarias y de unas fortísimos recortes, también recortes de derechos en el Estatuto de los jueces".
Ello, según ha apuntado, se ha combinado con una "agudísima proyección de expectativas" por parte de la sociedad respecto de lo que "puede o debe hacer" el Poder Judicial como "garantía de los derechos humanos y como factor de regeneración del sistema institucional, erosionado por la corrupción política, económica y administrativa".
