Pretoria.- El ex director del Plan Metropolitano dice que cobró 244.000 euros como "honorarios profesionales"

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ex director del Plan Metropolitano de Barcelona Genís Carbó aseguró hoy que el pago de 244.000 euros que recibió en una de las operaciones urbanísticas investigadas en el 'caso Pretoria', y por la que el juez Baltasar Garzón le imputa un delito de cohecho, correspondía a sus "honorarios profesionales".

Carbó, que compareció durante casi 20 minutos ante Garzón, está acusado de recibir esta cantidad de la empresa Niesma Corporació por "dar cobertura legal a las posibles influencias favorables por los cargos ocupados en el periodo de la modificación del plan urbanístico" que afectaba a varias fincas recalificadas en Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona).

"He tratado de desmontar lo que se está diciendo sobre mí, incluido lo que dicen los periodistas", señaló Carbó a su salida de la Audiencia Nacional, a la que acudió en compañía de su abogado, Francesc Jufresa. En este sentido, apuntó que el cobro que le imputa el juez se debe a las labores de asesoramiento que la empresa de la que era socio mayoritario (GCB Assessorament Urbanistic i Projects) ofreció a la compañía Niesma.

Esta operación urbanística, según el auto dictado por el juez Garzón el pasado 30 de octubre, causó un agujero en las arcas municipales del Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres de 17,6 millones de euros.

OTRAS TRES COMPARECENCIAS

A continuación comparecerá el empresario Manuel Valera, administrador de la sociedad Niesma, que habría provocado un agujero de 13 millones de euros en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, y vinculado al ex diputado del PSC y presunto cerebro de la trama, Luis García.

Los interrogatorios previstos hoy por Garzón concluirán a las 19.00 horas con la declaración de Lluís Falcón, arquitecto municipal del Ayuntamiento de Santa Coloma. Está imputado por asociación ilícita, al haber participado en la denominada 'Operación Pallaresa' y haber realizado "decisiones que propiciarían su ejecución", así como "adjudicaciones en condiciones favorables a alguno de los imputados".

RESTO DE DECLARACIONES

Mañana viernes, el magistrado ha citado al ex concejal de Urbanismo de Sant Andreu de Llavaneres, Antoni Jiménez; al ex alcalde de este municipio, Víctor Ros, del PP; al consejero delegado de Marina Badalona, Juan Felipe Ruiz Sabido; Josefina Calvet, madre del ex alcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz; y Emili Mas, gerente del Institut Català del Sòl (Incasòl), Emili Mas. Además, Garzón tiene previsto cursar una comisión rogatoria a Andorra para interrogar a Philip McMahan.

Emili Mas, imputado por actividades prohibidas a funcionario público, mantenía "una fluida relación" con Luis García en "cuestiones urbanísticas e inmobiliarias, muchas de ellas referentes a Santa Coloma de Gramenet". Ros y Jiménez, por su parte, están acusados de un delito de asociación ilícita por haber aprobado la 'Operación Niesma', que dejó un agujero en las arcas municipales de Sant Andreu de Llavaneres de 17,6 millones de euros.

Ruiz Sabido, al que se atribuye un delito de tráfico de influencias, era consejero delegado de la sociedad Marian Badalona y consejero de la empresa BBW S.L. y "persona muy próxima" a Luis García, al que habría ayudado con "decisiones favorables al grupo de inversores para los que trabajaba". Por una operación en este municipio el Ayuntamiento dejó de ingresar 14 millones de euros.

Por último, Josefina Calvet está acusada de un delito de cohecho por "haber intervenido en representación de sus hijos y, junto a Valera, como representante legal de la empresa Zellinger Gestión Inmboliaria S.L.", que era propiedad del presunto cerebro de la trama. Tanto Calvet como su hijo, el ex alcalde de Santa Coloma, se habrían repartido un millón de euros en concepto de comisiones. Su abogado presentó hoy un escrito solicitando que se le exima de la obligación de prestar declaración por sufrir la enfermedad de Alzheimer.

Además de los imputados, Garzón ha citado para enero a diez testigos más, entre los que destacan la ex alcaldesa de Badalona Maite Arqué (PSC), el ex director general de Planificación y Recursos del Ayuntamiento de Santa Coloma Albert Gadea, y el actual gerente de la empresa pública Gramepark, Manel Sierra, epicentro de la presunta trama.

CUATRO ENCARCELADOS

Como consecuencia de esta investigación, abierta desde el año 2006, se encuentran en prisión el ex diputado del PSC Luis García; los ex altos cargos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta y el ex alcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz (PSC).

Además, se encuentran en libertad bajo fianza el presidente del Grupo Espais, Lluis Casamitjana (500.000 euros); el de Proinosa, Josep Singla (500.000 euros); el consejero delegado de la empresa de limpieza Limasa Mediterránea, Manuel Carrillo (100.000 euros); el concejal de Urbanismo de Santa Coloma, Manuel Dobarco (200.000 euros) y el director gerente de Servicios del municipio, Pasqual Vela (25.000 euros).