SAN SEBASTIAN 5 May. (EUROPA PRESS) -
Procesados del macrojuicio por el sumario 18/98, que se celebra contra 56 miembros de colectivos de la izquierda abertzale acusados de vinculación a ETA, consideraron hoy que José Ramón Aranguren, ex consejero de la editora de 'Egin', Orain S.A., "ha sufrido gravemente las consecuencias de las medidas represivas de los Estados español y francés".
Aranguren, procesado en este macrojuicio, ha sufrido un infarto y está en "situación grave" en un hospital de Tenerife, según señalaron estas fuentes en una nota. Se había desplazado junto a su mujer a las Islas Canarias para "pasar unos días, estar tranquilo y quitarse de encima la carga de tanto viaje".
La Audiencia Nacional ha pedido que un médico forense lo certifique, según informaron a Europa Press fuentes cercanas al inculpado. Las mismas fuentes señalaron que el abogado de Aranguren, Alvaro Reizabal, ha comunicado a la AN que su defendido ha sufrido un infarto. Con el fin de verificarlo, el tribunal ha pedido que le examine un médico forense.
Los firmantes del comunicado, consideraron que lo que le ha ocurrido a Aranguren "sin duda está ligado con el juicio del sumario 18/98 y las condiciones de castigo impuestas por el tribunal".
En ese sentido, apuntaron que "en cinco meses, cada acusado ha acumulado 14.900 kilómetros, y la tensión que provocan los viajes se unen a la que se da en la sala del juicio". En el caso de Aranguren, además, añadieron que "se ha visto afectado por la imposición de la política de dispersión ya que su hijo Asier está preso en Paris y éste iba a visitarle cada dos semanas".
Por ello, denunciaron que "seguir adelante con el juicio del sumario 18/98 es una decisión política". "Quieren, de cualquier manera, seguir por encima de los derechos de las personas, por encima de los derechos políticos y civiles, para justificar sus decisiones contra la construcción nacional y para mantener a la izquierda abertzale condicionada en este momento político", criticaron.
Además, exigieron que el juicio "se corte ya" para lo que solicitó la "voluntad y los compromisos de Euskal Herria". A su juicio, "los poderes políticos y judiciales españoles saben muy bien que que si quieren parar el juicio pueden hacerlo".