Le acusa de falsificar con ánimo "recaudatorio" los Estatutos del Colegio de Procuradores de Madrid y ve inverosímil" que se tratara de un error
MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -
El procurador Miguel Torres, defendido por el exjuez y ahora abogado Elpidio José Silva, pide una pena de tres a seis años de cárcel por un posible delito de falsificación de documento público para el aspirante a vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Antonio Álvarez-Buylla, por alterar los Estatutos del Colegio de Procuradores de Madrid, del que es decano, con un fin "recaudatorio".
Este procurador ha recurrido el auto de archivo dictado por el Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid un día antes de que se conociera que la entonces vocal propuesta por CiU Mercé Pigem, a la que Buylla --propuesto por el PP-- está llamado a sustituir, había entrado en España desde Andorra con 9.500 euros en efectivo.
En su recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, denuncia haberse visto afectado por la alteración de los Estatutos profesionales, que obliga a los colegiados a pagar una cuota "variable" en función de la capacidad económica y el número de procedimientos en los que intervenga.
Acusa de un delito de falsedad en documento público a Buylla y al secretario de la Junta de Gobierno del Colegio, Ramiro Reynolds, por haber incluido esta disposición con un ánimo "recaudatorio", que no fue aprobada previamente por la Junta General de colegiados del 15 de julio de 2010.
"PROCEDER CONTUMAZ"
Este delito, tipificado en el artículo 390.1.1 del Código Penal, prevé penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a 24 meses e inhabilitación especial de dos a seis años para el funcionario público que lo cometa. El procurador defiende que afecta a Buylla en tanto en cuanto participa en el ejercicio de funciones públicas.
"La alteración practicada por los querellados transforma falsariamente el sentido de la norma colegial, convirtiéndola en un mecanismo recaudatorio progresivo, y no respondiente a un mero canon colegial", explica Silva, para denunciar que ese Estatuto --que fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid-- continúa vigente con la amenaza de expulsar a los procuradores que no paguen esas cuotas variables.
"Se trata de un proceder contumaz que ha gravitado severamente sobre la economía de las víctimas colegiadas y que, careciendo de todo refrendo en el texto original falseado, se ha venido y se viene imponiendo sobre los recursos económicos de los afectados. Bajo la amenaza de expulsión, caso de impago, los querellados habrían desplegado una ignorancia cuasi deliberada que, si no se califica como dolosa, al menos, recae de lleno en la esfera de la imprudencia grave", añade.
Dicho esto, remarca que el Colegio ha seguido manteniendo en su página web el Estatuto "falseado", obligando a procuradores a ir a la vía administrativa contra este texto. Por otra parte, ve inverosímil la prueba de descargo de los querellados, basada en que una secretaria se atribuyó el "error" y critica que el juez no la imputó como pedía la acusación.
