La protesta policial contra la reforma de la 'ley mordaza' suma a organizaciones de Euskadi aunque no de Cataluña

Archivo - Imagen de archivo de agentes de la Ertzaintza y la Policía Municipal
Archivo - Imagen de archivo de agentes de la Ertzaintza y la Policía Municipal - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD - Archivo
Publicado: lunes, 22 noviembre 2021 13:54

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 40 organizaciones policiales han respaldado por ahora el calendario de protestas que arranca este 24 de noviembre contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como 'ley mordaza' por sus detractores, a la que se suma ErNE y otras marcas de la Ertzaintza, aunque por ahora ningún sindicato representativo de los Mossos d'Esquadra.

La primera protesta se ha convocado por una plataforma policial transversal, 'No a la España insegura', para este miércoles 24 de noviembre frente a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. El sábado 27, Jusapol ha llamado a marchar desde la Puerta del Sol de Madrid en una protesta "sin siglas", y que contará con un servicio de autobuses para facilitar el desplazamiento hasta la capital.

A fecha de 22 de agosto, desde la plataforma 'No a la España insegura' confirman a Europa Press que ningún sindicato de los Mossos ha confirmado por ahora --el listado no está cerrado, pues sigue incluyendo apoyos-- que se sume al calendario de protestas contra una reforma que entiende que "desprotege" el trabajo policial. Por contra, cuentan con el 'sí' de ErNE y otras organizaciones del País Vasco como SIPE, EUSPEL y SVPE-PLES.

ORGANIZACIONES DE POLICÍAS LOCALES Y BOMBEROS

Fuentes de la marcha convocada por Jusapol para el día 27 en el centro de Madrid aseguran que, en su caso, el SIPE de la Ertzaintza también les ha confirmado que respaldan la iniciativa, que suma además a una asociación sin representación en los órganos internos de la policía catalana, la conocida como 'Policías Autonómicos por la Pasarela', que agrupa a agentes de los Mossos que piden 'pasarse' a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Los convocantes incluyen a una docena de organizaciones representativas de los policías locales y bomberos, así como a otros sindicatos como CSIF, que la semana pasada anunció que "miles de policías locales de toda España" acudirían a la marcha del día 27, como también han hecho ya PP, Vox y Ciudadanos.

En unas declaraciones desde Mérida, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este lunes la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y ha advertido del riesgo de "politización" por el apoyo mostrado del PP a las protestas.

Grande-Marlaska ha señalado que la reforma de la 'ley mordaza' estaba ya en el programa del PSOE, además de luego en el acuerdo de Gobierno con Unidas Podemos. Según ha subrayado, la nueva norma "garantizará" el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales del conjunto de los ciudadanos y dará "seguridad y certeza a las fuerzas y cuerpos en el ejercicio de sus funciones para garantizar ese espacio".

QUEJAS POR LAS ENMIENDAS PRESENTADAS

Tras las discrepancias iniciales por el calendario de protestas, las organizaciones mayoritarias en la Policía y la Guardia Civil, JUPOL y JUCIL, señalaron que la protesta canalizada en un principio por Jusapol se abriría a otros sindicatos, participando ellos en la convocatoria del 24 de noviembre. Lo mismo ocurrió desde la iniciativa lanzada en su origen por SUP y AUGC de la que surgió la plataforma 'No a la España insegura'. En ambos casos llaman a participar "sin siglas" en todas las movilizaciones.

El proceso de enmiendas para la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana ha levantado quejas entre los policías por la nueva regulación en la difusión de imágenes grabadas a los agentes durante en el ejercicio de su actividad profesional y lo que entienden que es supone la "eliminación de la presunción de veracidad", con el "consiguiente daño al ya perjudicado principio de autoridad".

La posibilidad de celebrar manifestaciones no comunicadas también ha sido criticado, ya que entienden que merma su capacidad de preparar dispositivos de seguridad adecuados en prevención de posibles actos violentos, así como la "inoperatividad" que supondrá la reducción del tiempo máximo de identificación a un plazo de dos horas o la exigencia de devolverlo al punto donde fue requerido, lo que entienden que les convertiría en "taxistas".

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