SAN SEBASTIAN 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
El grupo municipal del PSE-EE del Ayuntamiento de Arrasate (Guipúzcoa) denunció hoy, "una vez más", la "pasividad" del Gobierno municipal, --dirigido por concejales no adscritos, antes ANV--, al "incumplir" el acuerdo de las instituciones vascas de eliminar cualquier simbología que atente contra la dignidad de las víctimas de terrorismo.
En un comunicado, denunció, además, su "desinterés y desprecio" hacia todos los arrasatearras, que tienen que "aguantar" cómo su municipio "se automargina de las reglas de una convivencia cívica y democrática", al tiempo que subrayó que esa simbología y pintadas "dañan a las víctimas de terrorismo y a todos los demócratas que quieren vivir en paz en Arrasate".
"La ley dice que los poderes públicos velarán para que las víctimas sean tratadas con respeto a sus derechos y se evitará su descrédito, menosprecio o humillación, de forma que se actuará en contra de las pintadas y carteles que lo hagan e, incluso, se investigará aquellos que puedan ser constitutivos de infracción", recordó el PSE.
De este modo, denunció que la alcaldesa, Ino Galparsoro, y el Gobierno del Ayuntamiento de Arrasate con su "actitud de desidia y de mirar hacia otro lado, están promoviendo acciones incívicas y delictivas que repercuten directamente en una imagen nefasta de nuestro pueblo, que el grupo socialista no va a permitir".
"Exigimos que el Gobierno municipal ejerza sus funciones y practique la tolerancia cero ante actitudes delictivas como las que vienen soportando los vecinos de nuestro pueblo", remarcó la formación socialista.
En ese sentido, el PSE dijo ser "muy consciente de lo que se puede esperar" de la alcaldesa y de su Gobierno, cuando en su momento "no condenaron el asesinato de un conciudadano y de un trabajador del pueblo" en referencia a Isaías Carrasco.
"Hoy, al igual que entonces, no vamos a quedarnos impasibles y por responsabilidad y compromiso ante los arrasatearras denunciamos públicamente actitudes e inacciones que consideramos propias de épocas pasadas y no de un Estado de Derecho como en el que vivimos", insistió.
Además, reclamó "un compromiso de lucha contra actitudes incívicas y antidemocráticas que se están dando en nuestras calles", al tiempo que apuntó que este municipio de 500 habitantes gasta 23.000 euros en la retirada de carteles y pintadas. "Saquemos la cuenta de lo que puede llegar a costar a las arcas municipales dicha limpieza y sobre todo en esta época de crisis en la que estamos", añadió.
Finalmente, el grupo de concejales socialistas se comprometió en seguir trabajando en "dignificar la imagen del municipio denunciando la ceguera voluntaria de la Junta de Gobierno Local".