El PSE instruye expediente de expulsión a un militante, vocal del Foro de Ermua, por la querella contra López y Ares

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La dirección del Partido Socialista de Euskadi (PSE) mantiene abierto un expediente contra el militante y vocal del Foro de Ermua, Antonio Aguirre, por falta grave que puede llevar pareja la expulsión del partido, por haberse opuesto públicamente a la reunión de Patxi López y Rodolfo Ares con los representantes de Batasuna, Arnaldo Otegi, Rufino Etxeberría y Olatz Dañobeitia, el pasado 6 de julio y por la querella interpuesta por el Foro de Ermua contra todos ellos ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

El expediente disciplinario contra Antonio Aguirre fue abierto por la Comisión Ejecutiva de Vizcaya el pasado 20 de julio. Este presentó un escrito en el que propuso una serie de pruebas, entre ellas, la testifical del secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, que ahora han sido rechazadas por los instructores de su expediente, según el documento al que ha tenido acceso Europa Press.

En este documento se mantiene el expediente abierto contra el militante socialista y también miembro del Foro de Ermua, alegando que, tras ser aprobada la reunión con la "izquierda abertzale" por parte del Comité Nacional del PSE, el militante Antonio Aguirre ha llevado al a práctica diversas actuaciones "contra los acuerdos de la dirección y Comité Nacional del PSE-EE-PSOE y de sus órganos de dirección".

Entre otras actuaciones, cita la presentación ante el TSJPV de una querella contra Patxi López y Rodolfo Ares por haber mantenido la citada reunión con miembros de la izquierda abertzale y también las "declaraciones públicas", algunas a medios de comunicación, en contra de los acuerdos y líneas políticas adoptadas por los órganos competentes. Cita, entre otras, las declaraciones de Aguirre en la presentación de la I Conferencia de Liberad del Foro de Ermua el 16 de junio de 2006. FALTA MUY GRAVE:SANCION DE SUSPENSION DE MILITANCIA Y EXPULSION

Tras estos antecedentes, los instructores del expediente formulan pliego de cargos contra Antonio Aguirre por entender que ha vulnerado el artículo 7.2 de los Estatutos Federales, al no acatar cuantas resoluciones se dicten por los órganos competentes del partido; en relación con el artículo 44 del Reglamento de Afiliados que recoge como "falta muy grave" la "indisciplina reiterada", el "menoscabar la imagen de los cargos públicos" y la "actuación en contra de acuerdos expresamente adoptados por los órganos de dirección del partido".

Las faltas muy graves pueden llevar aparejadas sanción de suspensión de militancia de más de un año y hasta dos años, inhabilitación para desempeñar cargos orgánicos por un periodo de más de un año y hasta dos años, inhabilitación para desempeñar cargos públicos dependientes del Partido por un periodo de tiempo de más de un año y hasta dos años y expulsión del partido.

EL RECHAZO DE PRUEBAS GENERA INDEFENSION

Tras el rechazo de la petición de pruebas y la formulación del pliego de cargos, el militante del PSE Antonio Aguirre ha presentado un escrito de alegaciones en el que afirma que la inadmisión de pruebas le produce "indefensión". Entre otras pruebas, se ha inadmitido la testifical de Zapatero, el auto del Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional de 17 de enero de 2006 prorrogando la suspensión de la organización terrorista Batasuna; la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2003 de ilegalización de HB/EH/Batasuna y el auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco admitiendo a trámite la querella del Foro de Ermua contra Juan José Ibarretxe por reunirse con la dirección de Batasuna.

Sólo se admite como prueba la resolución del Congreso de los Diputados de mayo de 2005, la ponencia política del V Congreso del PSE y el Pacto por las Libertades y contra el terrorismo.

Aguirre asegura, en este escrito al que ha tenido acceso Europa Press, que el Comité Nacional del PSE sólo autorizó una reunión con la izquierda abertzale, no con Batasuna. Aunque califica de "eufemismo" esta denominación que trata de "alterar la realidad bajo pueriles maquillajes nominales", señala que la reunión se produjo realmente con Batasuna y expone que el propio Otegi, tras la reunión, afirmó que "representaba a Batasuna".

También cree que se vulneró la resolución del Congreso, porque considera que "no ha habido un cese del terrorismo, ni de la violencia", al continuar ETA con la "extorsión", el terrorismo callejero, el aprovisionamiento y haber secuestrado a tres personas --en el robo de armas en Francia-- a las que luego puso en libertad. Por ello, expone que no se da la premisa de que haya una "inequívoca voluntad de dejar de utilizar el terrorismo" por parte de ETA-Batasuna.

Añade que se incumple, asimismo, la resolución política del V Congreso del PSE que establece que el diálogo se producirá con los partidos vascos, en estrecha colaboración con el Gobierno y que sólo desde el rechazo al terrorismo es posible iniciar un diálogo político sobre pacificación".

Aguirre explica que no se da ninguno de los presupuestos para este diálogo ya que Batasuna "ni puede ser considerada un partido vasco, puesto que se encuentra ilegalizada", no hay cese de la actividad terrorista y tampoco voluntad de dejar las armas por parte de ETA.

OBLIGACION DE DENUNCIAR UN DELITO

Además, dice sentirse obligado a denunciar la comisión de un delito y afirma tener la convicción de que la reunión de Patxi López y Rodolfo Ares con Batasuna es un delito de desobediencia al Tribunal Supremo. Argumenta que de esta reunión se desprenden indicios de delito lo acreditan las resoluciones de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ del País Vasco en las que en un caso idéntico al presente, en la reunión de Ibarretxe con Batasuna, se han apreciado indicios racionales de delito.

Considera que está cumpliendo con una obligación legal y cree que "en todo caso, lo que debería existir es un procedimiento sancionador contra los dirigentes socialistas que lleven a cabo acciones que puedan ser constitutivas de delito".

CORRIENTE INTERNA EN CONTRA DE LA REUNION

Finalmente, considera vulnerado su ejercicio a la libertad de expresión, reforzado, afirma, por una "corriente interna dentro del Partido que mantiene posiciones públicas plenamente coincidentes con las que yo sostengo". Así, cita en concreto que la madre del asesinado por ETA Joseba Pagazaurtundúa, Pilar Albisu, se manifestó públicamente a la entrada de e la reunión y llamó "traidores" y "sinvergüenzas" a los miembros de la dirección del PSE que se reunieron con Batasuna.

También cita declaraciones de Rosa Díez, en las que acusa a Patxi López de "relativismo moral y falta de cuajo democrático" y otras de Maite Pagazaurtundúa acusando a Zapatero de vulnerar el artículo primero de la Constitución por aprobar la reunión del PSE y Batasuna.