VITORIA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -
El parlamentario del PSE Jesús Loza pidió hoy que se retire el decreto 153/2006 del Gobierno vasco por el que se regulan las ayudas económicas destinadas a subvencionar los desplazamientos de familiares de presos con el fin de visitar a sus allegados en prisión porque, entre otras cuestiones, "discrimina positivamente" a este colectivo.
Asimismo, instó a consultar la regulación de estas compensaciones con las asociaciones de víctimas del terrorismo para que no se "menoscabe su dignidad", así como a establecer en los Presupuestos vascos de 2007 una partida destinada "a las víctimas del terrorismo etarra que residen en otras comunidades" y a "gestionarlas en coordinación con ellas".
En una rueda de prensa en el Parlamento vasco, en Vitoria, Loza informó de que su grupo ha registrado hoy una proposición no de Ley para establecer los criterios que deben regir la concesión de las ayudas económicas a familiares de presos para visitas porque el decreto del Ejecutivo autonómico "incumple los criterios que el PSE viene defendiendo desde hace años".
"Y no queremos solo rechazarlo sino también ofrecer una alternativa que pueda contar con el apoyo del Parlamento vasco y que respete tanto el derecho de los presos a recibir visitas como el de las víctimas a no ver menoscabada su dignidad", dijo.
El líder socialista señaló que el PSE siempre ha defendido que "todos los presos tienen derecho a la visita de sus familiares", que "los poderes públicos tienen la obligación de dar ayudas a las familias para financiar esos viajes", que estas ayudas "deben encuadrarse en el Sistema Público de Servicios Sociales" y que "la regulación de estas compensaciones sea consultada con las asociaciones de víctimas del terrorismo", por el "importante papel de estos colectivos en el mantenimiento de la memoria".
En su propuesta el PSE insta al Gobierno vasco a "retirar el decreto", a "introducir en la normativa reguladora de las ayudas de Emergencia Social, previa consulta con las asociaciones de víctimas del terrorismo, este tipo de ayudas y las destinadas a las familias para visitarlos" y a "establecer en los Presupuestos vascos de 2007 una partida destinada a las víctimas del terrorismo etarra que residen en otras comunidades" y a "gestionarlas en coordinación con ellas".
Loza indicó que todavía no se ha concretado a qué se destinaría esta última partida, pero que se debería desarrollar a través de convenios con las asociaciones de otras Comunidades Autónomas.
"Con esto el PSE pretende dar el respeto debido a las víctimas del terrorismo, así como garantizar el derecho de los familiares a recibir ayudas para visitar a las personas presas", dijo, pero aclaró que este derecho se debe desarrollar en condiciones de "justicia, igualdad y sin discriminación para nadie".
Por este motivo, piden que se "garantice este principio de igualdad en relación con las ayudas sociales" y que estas compensaciones "se inscriban dentro de las políticas sociales ya existentes en Euskadi".
"Reclamamos políticas compensadoras y destinadas a que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos, cualquiera que sea su situación económica", apuntó.
Loza aseguró que en esta cuestión su partido no se guía "por ningún criterio que no sea el de la justicia y el de la igualdad", y añadió que el decreto los incumple porque "no se ha consultado con las asociaciones de víctimas del terrorismo". "Y mucho nos tememos que tampoco se ha consultado con la Dirección de Atención a las víctimas del terrorismo del propio Gobierno vasco", indicó.
POLITICA DE DISPERSION
El representante socialista agregó asimismo que "aunque las ayudas se inscriben formalmente en el campo de los Servicios Sociales, su contenido real no es así". En este sentido, aclaró que en la exposición de motivos se indica que se aprueban para "adecuar la actuación del Gobierno vasco a dos sentencias de 2005 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que anulaba otras dos órdenes de 2003 y 2004 por invadir competencias del Estado".
"Pero más allá de su justificación formal, el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, se encargó de aclararnos que dichas ayudas son necesarias mientras se mantenga la política de dispersión de los presos de la banda terrorista ETA", manifestó.
Por todo ello, Loza dijo que "se mantiene la equidistancia entre víctimas y victimarios que tanto ha denunciado su formación", de lo que esto "es un ejemplo palmario" y añadió que este decreto es "un insulto a la dignidad de todas las víctimas del terrorismo".
"Rechazamos de manera total y absoluta esta equidistancia que algunos siguen manteniendo, y por ello presentamos esta proposición, no con ánimo de venganza ni de revancha ni de confrontación, sino con ánimo constructivo y de consenso, para asegurar el derecho de los presos y el de las víctimas", aseguró.
Para Loza, la propuesta de su grupo es "razonable y equilibrada" y que además "refuerza la ponencia de víctimas del terrorismo", motivo por el cual el PSE espera contar con un apoyo "mayoritario" en la Cámara cuando esto se debata.
AES Y DESPLAZAMIENTOS SANITARIOS
El líder del PSE explicó que "los criterios de concesión son incomparablemente mejores que los establecidos en la normativa reguladora de las ayudas previstas en el Sistema Público de Servicios Sociales", por lo que "existe una discriminación positiva a favor de estos familiares".
"La normativa general de acceso a las AES establece que el límite máximo de ingresos es del 150% de la Renta Básica (6.588,13 euros al año), mientras que el decreto eleva ese máximo a tres veces el Salario Mínimo Interprofesional (22.722 euros al año", detalló.
Asimismo, agregó que "la cuantía de las ayudas es mayor que la establecida para desplazamientos por motivos sanitarios dentro y fuera de Euskadi", lo que supone "una nueva discriminación positiva".
"Si un enfermo de Vitoria tiene que ir a Cruces no recibe ningún tipo de ayuda, mientras que la normativa que regula las ayudas a presos establece que dentro de esta comunidad hay una ayuda de 20 euros", concluyó.