Egibar (PNV) señala que el lehendakari mantendrá en primavera un encuentro con asociaciones de víctimas del terrorismo
BILBAO, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
PSE y PP han criticado la gestión del secretario de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, por generar "desmemoria" y "desconfianza" en las víctimas de ETA. Por su parte, PNV y EH Bildu han denunciado la política penitenciaria del Gobierno y han defendido la necesidad de "tomar medidas".
En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, los parlamentarios vascos han hecho referencia al hecho de que Instituciones Penitenciarias interrumpiera el encuentro que mantenían en la prisión de El Dueso (Cantabria) el exlíder de LAB Rafael Díez Usabiaga y el secretario general de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández.
En este sentido, el parlamentario del PSE-EE, Txarli Prieto, ha considerado que el encuentro entre Díez Usabiaga y Fernández es un punto más de "un rosario de cosas que provocan que la política en relación a la paz y convivencia esté en discusión y tenga sobresaltos".
"Vemos a un secretario de la Paz, que depende del lehendakari, que en vez de dar seguridad, genera confusión y duda", ha subrayado, para añadir que "no se sabe a qué ha ido al centro penitenciario, en nombre de quién o si es un mandato directo del lehendakari".
En su opinión, todo ello "genera dudas e incertidumbres", y ha incidido en que el Gobierno vasco y el PNV están generando "confusión" en relación a la política de paz.
En esta línea, ha defendido que para que se materialice el consenso alcanzado entre las fuerzas democráticas para exigir el desarme y que la memoria de las víctimas esté por encima de todas las cosas, se necesita una política con "firmeza y consenso", algo que "no hacen" el lehendakari y el Ejecutivo vasco.
Asimismo, Prieto ha alertado de la "lejanía" de Jonan Fernández con "la mayoría de víctimas y asociaciones", porque "cada vez hay menos complicidad, lo que suma incertidumbres".
"Euskadi está saliendo de un tiempo de décadas de asesinatos, extorsión, dolor... Aquí se ha practicado el nazismo, el fascismo, se han vulnerado los derechos humanos por una banda terrorista llamada ETA, que ha tenido el apoyo importante de la sociedad. Todo esto está muy reciente, muy vivo y tiene que restañarse", ha incidido.
Por último, ha insistido en que el secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, es "evidente que genera incertidumbre y desconfianza entre las víctimas, porque se le considera alguien más de parte que alguien que puede unir".
PP
Por su parte, el parlamentario del PP Carmelo Barrio ha advertido de que la actuación de la Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno vasco "no genera ilusión por la convivencia", sino que se está convirtiendo en la "Secretaría de los presos y el conflicto".
"Hay una obsesión en Urkullu y en su actividad al frente de esta Secretaría por los presos de ETA y por criticar la política penitenciaria del Gobierno central", ha alertado.
En esta línea, ha criticado que la Secretaría de Paz y Convivencia "busca la equidistancia, la desmemoria y los desequilibrios". Además, Barrio ha denunciado que Iñigo Urkullu "no se haya reunido desde que es lehendakari con las asociaciones de víctimas", mientras su estrategia está "enfocada en esa desmemoria y disolución de responsabilidades".
"No es normal que se reúna para hablar de temas de trabajo con una asociación como Etxerat, que no pide la disolución de ETA, que no pide que los encarcelados colaboren con la justicia. ¿De qué tienen que trabajar con Etxerat?", ha cuestionado.
PNV
El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, ha señalado, por su parte, que el "Gobierno anterior también mantenía encuentros con presos de la vía Nanclares" y ha incidido en que es un" sinsentido" que, personas como Rafael Díez Usubiaga, "que impulsaron el proceso que hace que ETA desaparezca en su estrategia violenta, cumplan condena por pertenencia a ETA".
Asimismo, ha defendido que, tras tres años y medio del anuncio de ETA, "va siendo hora de que organizaciones políticas y responsables institucionales tomen cartas en el asunto" para consolidar la paz y convivencia.
Por ello, ha destacado la necesidad de "adoptar medidas para derogar la excepcionalidad que acompaña la política penitenciaria", así como inscribir en el "marco de normalidad" la relación de un secretario general con "personas afectadas por distintas situaciones por aplicación de la política penitenciaria".
"No es normal que no se autorice la reunión y, cuando se autoriza, a la tercera, parece que esa conversación o estaba siendo grabada o se podían conocer sus contenidos y querer acceder a la sala como si tramaran un esquema de huida de la cárcel", ha señalado.
En esta línea, Egibar ha criticado las actitudes "cicateras" del Gobierno español de "absoluto control y de no admitir una política penitenciaria distinta a la actual", lo que, a su juicio, "configura un clima contrario a lo que la sociedad vasca mayoritariamente exige".
Por último, ha remarcado que el lehendakari sí se ha reunido con asociaciones de víctimas, al igual que el secretario de Paz y Convivencia, "salvo con aquellas que han tenido una caracterización política y creen estar en posesión del diseño político que debe desarrollar el Gobierno español". "Ha habido reuniones, muchas, discretas, con asociaciones de víctimas y habrá en primavera una reunión con todas las asociaciones de víctimas que quieran venir", ha anunciado.
EH BILDU
Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Oskar Matute ha considerado que si algo tendría que "escandalizar" a la ciudadanía es la permanencia en prisión de los cinco condenados por el caso Bateragune.
"Estas personas han hecho un papel importante para que estemos en la situación en que estamos y que nos permita recomponer un jarrón roto, como ha sido la sociedad vasca por la existencia de múltiples violencias, entre ellas, la de ETA", ha añadido.
En esta línea, ha defendido que lo sucedido en la reunión de Fernández y Usubiaga demuestra que "existe una política para con los presos, que pone en entredicho los derechos de los reclusos".
"No entendemos que un representante del Gobierno vasco tenga problemas para acceder a un centro penitenciario y pueda hablar con un recluso. Otra cosa es que se esté de acuerdo con lo que le ha dicho", ha añadido.
