MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -
El PSOE ha registrado una iniciativa en el Congreso en la que exige al Gobierno garantías de que no piensa introducir mecanismos para dar entrada a empresas privadas en las labores de la Policía Portuaria, un cuerpo que lleva 300 años en servicio.
En su iniciativa, recogida por Europa Press, recuerda que la Policía Portuaria realizan funciones de vigilancia, control y protección de los puertos, mantenimiento de la seguridad en las zonas portuarias, vigilancia y control del tráfico y la aplicación de la normativa de seguridad vial en las zonas de dominio público, denunciando las infracciones, y labores de protección civil y como agentes actuantes en los Planes de protección.
Estas funciones, asegura el PSOE, "se realizan en un ámbito competencial de inseguridad jurídica manifiesta, sujeta a interpretaciones y jurisprudencia de distinta índole, siendo necesaria la reordenación de un marco normativo claro que ofrezca cobertura legal a esta realidad funcional tan importante para la seguridad de los puertos de titularidad estatal".
"GRAN INCERTIDUMBRE"
Y es que, según los socialistas, la supresión de un artículo de la Ley de Seguridad Ciudadana relativo a las funciones de policía especial y las materias sujetas a su potestad administrativa "está causando una gran incertidumbre e inseguridad entre los trabajadores adscritos al Cuerpo de Policía Portuaria que prestan sus servicios en los Puertos de Interés General del Estado".
En su opinión, "esta incertidumbre está generando entre los citados trabajadores un profundo temor a que sea el preludio de un proceso de subcontratación/privatización de los servicios prestados hasta la fecha por el Cuerpo de Policía Portuaria".
Se trata de un cuerpo de policía especial con más de 3000 años de antigüedad y compuesto actualmente por más de 2.000 trabajadores, que exige del Gobierno "evitar la inseguridad jurídica y despejar las dudas que en este momento se ciernen sobre un cuerpo de profesionales".
Por todo ello, el PSOE quiere que el Congreso inste al Ejecutivo a "normalizar el estatuto jurídico y funcional de la Policía Portuaria en los puertos de titularidad estatal, reforzando, sistematizando y regularizando normativamente las competencias atribuidas al Cuerpo en materia de seguridad portuaria y garantizando el mantenimiento de su carácter público, su figura como agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones".
Lo que pretenden es que el Gobierno deje claro que "la prestación adecuada de los servicios de Policía, seguridad y vigilancia en dichos Puertos, encomendados a las Autoridades Portuarias, se realice a través de sus trabajadores adscritos al Servicio de Policía Portuaria".
