PALMA DE MALLORCA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
El PSIB propuso hoy la creación urgente de un comisionado parlamentario que se encargue de fiscalizar el enriquecimiento injustificado o inexplicable de cargos públicos de las islas, cuyos ingresos anuales no se correspondan con la adquisición de un patrimonio extraordinario, a fin de eliminar cualquier "sombra de duda" de corrupción.
Así lo manifestó en rueda de prensa el diputado del PSIB, Antonio Diéguez, quien reveló que el Grupo Socialista presentó esta mañana a en Parlament la solicitud de constitución de una comisión no permanente que, en el plazo de dos meses, elabore un Proyecto de Ley que establezca los términos que deberán constituir el comisionado. Asimismo, el PSOE presentará la semana próxima su propuesta de Ley que llevará a la comisión.
Según apuntó el diputado, este comisionado estará dirigido por agentes y fuerzas del orden especializadas en la detección de casos de corrupción que actuarían a instancias del Parlament, los Consells Insulares y los Ayuntamientos. El órgano, insistió Diéguez, tendrá la función de investigar "conductas inexplicables" que, si se demuestra que son delictivas, se tramitarían de inmediato a la fiscalía anticorrupción.
Una propuesta que, según confirmó, no complace al Grupo Popular, que apuesta por que el Govern elabore un Proyecto de Ley que establezca los instrumentos de control de los cargos públicos. Además, según dijo, el PP también se opone a que el comisionado esté dirigido por agentes de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, al tiempo que considera ilegal que el Parlamento realice gestiones de control de patrimonio, puesto que no tiene competencias para ello.
Aun así, Diéguez se mostró confiado en que el PP "reflexionará" y se mostrará partidario a la creación de un comisionado, porque ello arrojará "transparencia, claridad, objetividad e imparcialidad a la actuación de los cargos públicos de las islas", señaló. En este sentido, opinó que dejar a manos del Govern la redacción de una proposición de Ley -como propone el PP- impediría su aprobación antes de las próximas elecciones, de acuerdo con el calendario de la Cámara.
"Es importante tener una ley cuanto antes que permita iniciar investigaciones cuando un cargo público adquiere patrimonio de forma inexplicable", insistió Diéguez, para quien si "existe voluntad política" la ley -que deberá salir de la comisión- podría estar aprobada en el Parlament antes de Navidad, al tiempo que agregó que la comisión en cuestión podría constituirse en una semana.
DISCREPANCIAS ENTRE PP Y PSOE
En este sentido, precisó que otra de las discrepancias que mantiene con el PP, cuyo interlocutor en esta cuestión es el diputado Joan Huguet, es la función que deberá tener el órgano de control, ya que el PSIB aboga por una "labor de comprobación", que permita constatar si el enriquecimiento "anómalo" de un cargo se inscribe en la legalidad, mientras que, según dijo, el PP apuesta por que el comisionado tenga una función "inspectora", limitada fundamentalmente a analizar las rentas de los cargos públicos.
Tras señalar que todos los cargos públicos de Baleares son susceptibles de ser investigados, resaltó que ninguna Comunidad Autónoma dispone de un comisionado de control, y consideró, por ello, que se trata de una iniciativa "muy importante" que sería "bueno" que todos los partidos votaran a favor en la Cámara.
Por su parte, la portavoz del Grupo PSIB en el Parlament, Francina Armengol, que acompañó a Diéguez en rueda de prensa, expresó su preocupación por la veintena de ayuntamientos que en estos momentos momentos están siendo investigados por la Justicia. "Es necesario erradicar las prácticas ilícitas", recalcó la diputada, para quien la propuesta de su partido demuestra el "compromiso" de los socialistas para que prime la transparncia en las gestiones de los políticos.
Asimismo, Armengol hizo hincapié en la necesidad de que el comisionado se constituya de forma negociada entre el resto de feurzas políticas, y expresó su deseo en que pueda empezar a trabajar antes de las elecciones de 2007. "Los sueldos de los políticos son conocidos y cualquier aumento de patrimonio inexplicable debe poder investigarse", concluyó.