El PSOE de CyL propondrá la conveniencia de crear un Registro Público de Maltratadores

VALLADOLID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista de Castilla y León (PSCL) propondrá a todos los agentes implicados en la lucha contra la violencia de género la realización de un estudio "serio" sobre la conveniencia de crear un Registro Público de Maltratadores, una medida "polémica" con el fin de que las condenas "no queden en el olvido".

Así lo puso hoy de manifiesto la secretaria de Igualdad del PSCL y procuradora, Elena Pérez, quien debido al carácter "polémico" de la medida, apostó por realizar el estudio sobre su conveniencia con el "consenso" de todos los profesionales relacionados con este tema.

De este modo, entre todos se analizará si la puesta en marcha del Registro sería "positivo" dado que, añadió Pérez, hay que "influir" en los maltratadores ya que no están "dispuestos" a que sean "un piña", por lo que esta medida serviría para que las condenas --el Registro incluiría a los maltratadores condenados-- no queden "en el olvido" ni en el "incógnito".

El debate se realizaría, en primer término, en el seno del PSCL para, posteriormente, acercarlo a la sociedad y al Gobierno de Castilla y León.

Esta es una de las medidas anunciadas hoy por Pérez quien, tras mostrar la disposición del PSOE a colaborar para "combatir" la lacra de la violencia de género, consideró que la Junta, antes de llevar a Europa este tema, debería de abandonar su "política exclusiva de marketing" y optar por la "aplicación real y efectiva" de la Ley Integral contra la Violencia de Género.

"Aquí ni se cumple ni se aplica", destacó la secretaria de Igualdad del PSCL, quien reconoció que ninguna ley "será eficaz" sin el compromiso "claro y firme" de las comunidades, por lo que "exigió" el "urgente" desarrollo de una ley que, en la Comunidad, desarrolle la normativa nacional tal y como el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, anunció en el debate de investidura, pero "sin rebajas" y manteniendo su carácter "garantista".

La puesta en marcha de un Plan Regional de Sensibilización y Prevención Específico con "dotación presupuestaria" y "objetivos y metas"; la ejecución de la formación obligatoria para ciertos sectores profesionales y el desarrollo de medidas de asistencia y protección a las víctimas a través de un número de teléfono específico --la Junta, a su juicio, se "niega" a firmar un convenio con el Gobierno central para su adhesión al nacional 016-- son algunas de las "exigencias" trasladadas por el PSCL a la Junta.

A ellas se suman la creación de nueve centros de información a las mujeres en las nueve provincias, al margen de los CEAS, que están "colapsados", así como de una red de centros propios públicos de atención a las mujeres que estén gestionados por el Gobierno autonómico, responsable de esta labor, y no sólo por ONG o colectivos de mujeres.

ATENCIÓN LAS 24 HORAS.

Asimismo, Pérez solicitó "ya" la puesta en marcha de nueve centros de atención a la emergencia --existen ya tres--, recursos de atención específica para colectivos como las mujeres discapacitadas, entre otros, y los cambios de decretos para, por una parte, crear convenios con las asociaciones que gestionan los centros de acogida y, por otro, crear en estos espacios equipos multidisciplinares que permitan que un psicólogo permanezca en ellos 24 horas al día.

La últimas de las demandas en el campo de la asistencia se centró en la creación "ya" de "al menos un centro" de atención y recuperación integral que funcione las 24 horas, a lo que sumó la petición de un Plan Especial de Empleo para las víctimas que incluya formación, contratos estables e indefinidos y garantías de vivienda, en caso necesario.

Las mujeres, añadió, necesitan tener "información amplia" sobre sus derechos así como saber que tendrán a los distintos gobiernos "a su lado" y que serán "protegidas y atendidas".

Por su parte, la procuradora y secretaria de Educación, Ana Redondo, destacó la importancia de la educación para frenar posibles casos futuros de violencia de género y recordó que la Ley Integral refleja, de los artículos 4 al 9, el papel de la educación, aspecto que no ha sido desarrollado "convenientemente" en la Comunidad.

En este sentido, Redondo subrayó que los decretos elaborados por el Ejecutivo regional "ningunean" la igualdad tanto en Primaria como en Secundaria y, frente a ello, se sitúa la asignatura de Educación para la Ciudadanía que, encargada de "potenciar" la igualdad, se ha convertido en objeto de una "batalla política" que ha impedido que en Castilla y León se haya desarrollado "convenientemente".

En su opinión, esta asignatura puede ser "muy adecuada" para minimizar los riesgos de la violencia de género aunque, matizó, por el momento faltan la estructura y los medios, punto en el que invitó a la Junta a "formar en equidad e igualdad" desde la enseñanza así como en la formación del profesorado.

Asimismo, la procuradora y secretaria de Educación recordó que Educación para la Ciudadanía es una materia "obligatoria", aspecto "importante y necesario", mientras que Elena Pérez anunció que, en caso de que la Junta la convierta en optativa, lo denunciarán "en todos los foros".