Creen que es una proposición "innecesaria" y "electoralista" que plantea graves "contradicciones" con la Constitución
MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
El PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y el PNV han presentado en el Congreso enmiendas de supresión del articulado de la reforma del Tribunal Constitucional impulsada por el PP y que el Pleno del Congreso tomó en consideración el pasado miércoles.
Con dicha reforma, que será debatida y aprobada en la sesión plenaria de la próxima semana, los 'populares' pretenden dotar al Constitucional de la posibilidad de suspender a los cargos públicos y administraciones que no cumplan sus sentencias.
La proposición de ley viene cosechando desde su presentación, el pasado 1 de septiembre, las críticas de toda la oposición, que considera que esta reforma es una medida "electoralista" e "innecesaria", como así lo verbalizaron en el debate de la semana pasada en el Pleno del Congreso.
Este miércoles acaba el plazo para presentar enmiendas a la proposición de ley del PP y tanto el PSOE e Izquierda Plural como el PNV han declinado ofrecer textos alternativos y se han limitado a modificaciones parciales para suprimir el articulado que el Grupo Popular recoge en su reforma con el de dejarla sin efecto.
UNA PROPUESTA "INACEPTABLE"
En su enmienda, el PSOE denuncia que es "inaceptable" que en esa proposición --que el PP ha presentado "en solitario, sin diálogo previo, con una pésima redacción y pretendiendo que se alteren, todos los procedimientos parlamentarios seguidos hasta ahora-- se modifique la posición institucional que la Constitución otorga al Tribunal Constitucional.
Según arguye, la reforma presenta "graves" problemas de conformidad con la Carta Magna, así como de interpretación y aplicación, y "no sirve" para lo que se apunta como finalidad de la misma, sino para "debilitar" al Alto Tribunal.
Entre esos problemas, los socialistas citan que el Constitucional pueda suspender en sus funciones por un tiempo indeterminado a cualquier autoridad por el incumplimiento aun parcial de una resolución, "lo que podría suponer la suspensión de funciones incluso del propio presidente del Gobierno sin que se hubieran llevado a efecto los mecanismos constitucionalmente previsto para ello en las Cortes Generales".
EL PP, EL QUE "MÁS HA MALTRATADO" LA CARTA MANGA
Con su enmienda, la Izquierda Plural censura que con esta reforma, que considera "tan innecesaria como cínica", el PP se "salte todas las reglas del juego democrático, incluso poniendo en riesgo la convivencia de los ciudadanos". "Pretenden modificar la naturaleza y las funciones de lo que debería ser uno de los pilares del sistema democrático, el Tribunal Constitucional, y lo hacen sin debate, sin acuerdo con nadie y con trampas para evitar los dictámenes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial", apunta.
IU-ICV-CHA critica que el PP busque "un cambio de naturaleza" del Constitucional para otorgarle" funciones de justicia ordinaria, sin que haya ningún precedente de esa naturaleza", y que pretenda ejecutar una reforma "encubierta" de la Constitución, cambiando la propia naturaleza de la jurisdicción constitucional".
En un claro ejercicio de "cinismo político", la Izquierda Plural acusa a los 'populares' de presentarse como "garantes y defensores" de la Carta Magna cuando son el partido que "más han maltratado tanto a la Constitución como al Tribunal que debe interpretarla".
LEY CONTRA LAS INSTITUCIONES CATALANAS
De su lado, el portavoz de los nacionalistas vascos en Madrid, Aitor Esteban, insiste este miércoles en criticar que "nunca" hasta ahora se haya visto la necesidad de promulgar una Ley como la que se propone "porque el vacío que parece venir a llenar no existe y nadie, ni doctrinal ni judicialmente, lo ha puesto de manifiesto".
Esteban denuncia que "indubitadamente" es una ley "ad hoc" contra "hipotéticos comportamientos incumplidores" de las resoluciones del Constitucional por parte de las instituciones catalanas" lo que, en su opinión, pone de manifiesto que "no se trata una laguna del ordenamiento jurídico-constitucional, sino de una ley con claro contenido electoral".
Además, asegura que la proposición del PP es "inconstitucional" porque "no respeta la posición procesal de los presidentes de comunidades autónomas, de otros altos cargos de su Gobierno y de miembros de su Parlamento, porque incluye la suspensión automática de los cargos públicos y administraciones que no cumplan sus sentencias y porque pone en entredicho la separación de poderes.
EL SUPREMO HA DE ENCARGARSE DE LOS CASTIGOS
Sólo el grupo parlamentario de Unión, Progreso y Democracia ha presentado una enmienda de totalidad con texto alternativo a la citada reforma, texto en el que propone que sea la justicia penal y no el intérprete de la Constitución, quien suspenda o inhabilite al cargo público que no cumpla las sentencias.
El partido que lidera Andrés Herzog considera que "el PP intenta suplir su falta de voluntad política para afrontar de cara el secesionismo catalán" haciendo que el TC se convierta en un "órgano pseudopenal con capacidades sancionadoras" para tomar las decisiones que el Gobierno no se atreve a tomar".
Así, en su texto, UPyD defiende el carácter ejecutivo de las sentencias del TC pero aparta al TC del proceso que hay que seguir cuando hay un incumplimiento de sus resoluciones. En concreto, modifica el Código Penal para crear el delito de incumplimiento de resoluciones del TC, para el que da competencias a la Sala Segunda del Tribunal Supremo y se calcula una pena de inhabilitación, y plantea un cambio en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para permitir la suspensión provisional de empleo o cargo público, dejando claro que esa medida cautelar sólo puede imponerla un juez penal.
"La presente Proposición de Ley es por tanto respetuosa tanto con las funciones tradicionales de nuestro Tribunal Constitucional y los de nuestro entorno, como con la Constitución, que encomienda a los tribunales penales la potestad sancionadora más grave, y siempre sustanciada en un procedimiento con todas las garantías; todo ello salvaguardando la necesidad de que las resoluciones de nuestro Tribunal Constitucional, especialmente en los casos de mayor relevancia, se cumplan con eficacia y rapidez", sostiene UPyD.
