Ambos están de acuerdo en que la negociación sea obligatoria, pero el PSOE quiere que mientras dure esta no se acumulen intereses de demora
MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
El PSOE y el Gobierno volverán a sentarse esta tarde para abordar medidas con las que frenar los desahucios y paliar los efectos de estos en la población más vulnerable. Son numerosos los temas que están abiertos, entre ellos los umbrales por debajo de los cuales se aplicaría la protección. Mientras el Gobierno ha planteado que este tope se establezca para colectivos vulnerables con ingresos inferiores a 2,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional (lo que supone 19.230 euros anuales), el PSOE ha propuesto que se module en función de los miembros de la unidad familiar y calculándolo con el salario medio, lo que establecería este tope entre 22.800 euros y 36.480.
Ambas partes continuarán la negociación esta tarde con intención de llegar a un acuerdo que probablemente se tramite como proyecto de Ley, según informaron a Europa Press fuentes gubernamentales y socialistas, aunque fuentes populares creen que el PSOE no quiere pactar el mismo día de la huelga general, sino después.
Sobre la mesa están las diferencias en los umbrales de renta para evitar los desahucios y también en relación con el precio de tasación de las viviendas afectadas. En el primer caso, el Ejecutivo quiere utilizar como referencia el Salario Mínimo Interprofesional, lo que arrojaría un tope de ingresos para evitar el desahucio de la primera vivienda en 19.230 euros. Además, sería sólo aplicable a unos colectivos muy determinados como son los ancianos, personas con discapacidad o familias con hijos a cargo.
Sin embargo, el PSOE, que desearía que los desahucios de la primera vivienda se paralizaran hasta que haya una nueva Ley, ha propuesto que la medida que el Gobierno apruebe mañana en el Consejo de Ministros se amplíe a más colectivos y que el umbral de renta por debajo del cual se aplicaría se calcule en función del número de miembros de la unidad familiar.
Además, quieren, para este cálculo, que se tenga en cuenta la renta media española, que está en 22.800 euros, unas cantidades similares a las que también da la encuesta de condiciones de vida que realiza el Instituto Nacional de Estadística.
ENTRE 22.800 Y 36.000 EUROS POR HOGAR
De esta forma, los socialistas plantean que el tope de renta para una persona y para una pareja sea de 22.800 euros anuales; si la familia fuera de tres miembros, el umbral máximo estaría en 27.360; para cuatro miembros, en 31.920 y para un hogar con cinco miembros o más, de 36.480 euros.
Otra de las discrepancias está en el valor de tasación de las viviendas afectadas. El Código de Buenas Prácticas aprobado por el Gobierno en marzo incluía en estas medidas paliativas a las casas con una tasación máxima de 200.000 euros para las grandes ciudades. Sin embargo, ambas partes admiten que para lugares como Madrid y Barcelona esta cifra se queda escasa y es necesario revisarla. La propuesta del PSOE, según las fuentes socialistas consultadas por Europa Press es elevarla hasta los 350.000 euros.
El Gobierno y el PSOE también están de acuerdo en que la negociación entre el deudor y la entidad financiera se convierta, por norma o de facto, en obligatoria. Y este es otro de los asuntos que deben precisar, ya que aún no está cerrado en qué momento se debe empezar esa negociación y tampoco está definido cómo operarían los intereses de demora en ese caso.
Los socialistas han propuesto que preferiblemente sea antes de iniciar el proceso para la ejecución hipotecaria y que mientras dure la negociación no se acumulen éstos intereses, que pueden llegar al 20 por ciento.
Precisamente este, el elevado coste de la mora es uno de los asuntos a los que el PSOE quiere dar una solución. Para ello sería necesaria la modificación de la Ley Hipotecaria. Algo, dicen las fuentes consultadas, a lo que el Ejecutivo aún no se ha comprometido, aunque tienen la esperanza de que, si se tramita el decreto como proyecto de Ley, se pueda incluir la modificación de algún aspecto de la legislación que afecta a las hipotecas.
Otra de las cuestiones planteadas es el plazo para el que se aplica la medida. El Código de Buenas Prácticas establece que los deudores que cumplan los requisitos establecidos puedan quedarse dos años en la vivienda. El Ejecutivo ha tomado ese periodo de dos años para llevarlo al decreto que apruebe mañana. Pero el PSOE ha propuesto que pueda ser de menos tiempo si se reforma la legislación hipotecaria y la medida se amplía a más personas que las propuestas hasta ahora por el Ejecutivo.
Gobierno y PSOE están de acuerdo en que estas medidas se apliquen sólo para la primera vivienda, para evitar que las familias se queden en la calle, pero se desconoce el número de personas que pueden estar en riesgo, ya que las cifras de desahucios que se han dado hasta la fecha, cerca de 400.000, incluyen muchas segundas y terceras viviendas, locales comerciales, solares y terrenos.
