PSOE, PP e IU ante la falta de acuerdo deciden aplazar el debate sobre realidad nacional y deuda histórica

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

PSOE, PP e IU decidieron hoy, ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo, aplazar el debate sobre la definición de Andalucía como 'realidad nacional' y de la Disposición Adicional Segunda, referida a la denominada deuda histórica, a la Comisión Constitucional, que tiene previsto iniciar sus trabajos el próximo día 19 de octubre.

Los miembros encargados de debatir las enmiendas a la reforma estatutaria explicaron antes de entrar a la última reunión de la Ponencia que, aunque hoy se aprobarán algunos puntos sobre los Títulos IX y X, referidos a las Relaciones Institucionales de la Comunidad Autónoma y la Reforma del Estatuto, fue imposible alcanzar un acuerdo sobre los temas "políticamente más controvertidos" del orden del día.

Pese a que los partidos mantuvieron hasta última hora de ayer diversas reuniones, no consiguieron encontrar un punto de acuerdo sobre el Preámbulo, que finalmente será votado en los mismos términos en los que fue remitido por el Parlamento autonómico. De la misma manera, el PSOE no consiguió una redacción del artículo 1 que contara con el apoyo de IU y PP.

El diputado autonómico y ponente de IU Antonio Romero explicó que su partido rechaza incluir una referencia a la "indisoluble unidad de España, patria común de todos los españoles", porque, a su juicio, esta redacción implica "desconfianza al pueblo andaluz y su lealtad a la Constitución". Por su parte, el 'popular' Antonio Sanz aseguró que el PP "tal y como está" el texto en este tema "no puede apoyarlo".

Respecto a la deuda histórica, Romero aseguró que existe en estos momentos una "negociación intensa" con el Ministerio de Economía y Hacienda porque "hay un problema de plazos", y recordó que para su partido es "clave" acortar los plazos de cuantificación y pago. Así, la ponente del PA Pilar González calificó al PSOE como "el campeón del impago de la deuda histórica".

Sin embargo, el ponente del PSOE y portavoz en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gracia, defendió que este aspecto no es jurídicamente viable en los términos en los que estaba redactado, aunque sí consideró que "se pueden hacer previsiones de cumplimiento de pago de carácter vinculante en términos políticos". "Ese es en el espacio en el que estamos buscando el acuerdo", indicó.

La Ponencia sí aprobará, aunque con el voto contrario del PP, la participación de la comunidad en los órganos constitucionales del Estado, aunque sin hacer referencia al Consejo General del Poder Judicial ni al Tribunal Constitucional. Asimismo, establecerá las inversiones del Estado en Andalucía en función de la población "durante un plazo de siete años", según explicó Romero.