MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -
El PSOE y el PP han unido sus votos este martes en el Congreso ara rechazar la toma en consideración de una propuesta del Bloque Nacionalista Gallego (BNG) para reformar la Ley de Bases del Régimen Local con el objetivo de que las comunidades autónomas puedan determinar las competencias de las diputaciones provinciales, al margen de un núcleo mínimo de competencias, como método para reducir el gasto público e imprimir criterios de racionalización en la Administración. La iniciativa sí contó con el respaldo de los nacionalistas de CiU, PNV y CC más el grupo que comparten ERC-IU-ICV.
El portavoz del BNG en el Congreso, Francisco Jorquera, ha defendido la iniciativa esgrimiendo la necesidad de revisar el modelo provincial, preexistente al modelo autonómico, ante las voces que, "desde algunos ámbitos, pretenden aprovechar la crisis económica para iniciar una ofensiva descentralizadora".
A su juicio, para racionalizar estructuras administrativas, evitar duplicidades y dotarlas de una mayor eficacia, antes de revisar "el café para todos", hay que abordar la cuestión de las diputaciones provinciales.
El portavoz del BNG ha manifestado su rechazo al modelo provincial, al considerarlo propio de un Estado centralista, y ha destacado que su partido es partidario de la desaparición de las diputaciones, con salvedad del hecho foral e insular, "realidades singulares que requieren un reconocimiento específico", ha señalado.
No obstante, ha reconocido que la supresión de las diputaciones es una cuestión compleja, por cuando exige una reforma de la constitución. Por lo tanto, la reforma propuesta por su partido "no va tan lejos".
CLIENTELISMO, COMO EN OURENSE
Asimismo, Jorquera ha arremetido contra el PP, acusándole de utilizar la Diputación de Ourense para contratar a personas vinculadas directamente o por parentesco al partido. En este sentido, ha criticado que la diputación de Ourense fue la segunda empresa empleadora de la provincia el año pasado, con 542 contrataciones, y ha afirmado que la mitad de los contratados están vinculados al PP.
También ha criticado que el 85 por ciento del presupuesto de esta diputación lo absorben los gastos de funcionamiento, mientras sólo el 13,5 por ciento se destina a la prestación de servicios a los ayuntamientos.
Por su parte, el diputado del PSOE Rafael Román ha considerado que la propuesta no es oportuna, por un lado, por la proximidad de las elecciones municipales, de cuyo resultado emanará la configuración de las diputaciones. Por otro lado, ha recordado que el Gobierno está trabajando en una nueva ley de la administración local que cuente un "profundo consenso" con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y los grupos parlamentarios.
El PSOE defiende la necesidad de la pervivencia de las diputaciones provinciales como suministradoras de servicios básicos de calidad a los municipios que no pueden proporcionarlos, recordando que un 85 por ciento de los municipios españoles tienen menos de 5.000 habitantes.
Por último, el diputado del PP Rafael Merino ha denunciado la existencia de "un frente común de los nacionalistas contra las diputaciones provinciales", a las que se ha referido como una "estructura básica" del Estado, algo de lo que ha responsabilizado al "fracaso" del Gobierno en lo que respecta a la ley de administraciones locales.