El PSOE ve "un escándalo de gestión muy grave" en el Gobierno Aznar tras el informe de contratos del Tribunal de Cuentas

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Tribunal de Cuentas, Francesc Vallés Vives, explicó hoy que las conclusiones aparecidas en el informe del Tribunal de Cuentas sobre contratos públicos en el año 2003, podrían generar "un escándalo de gestión muy grave" del Gobierno Aznar, que afectaría a "muchos ministerios y especialmente al de Trabajo", si el máximo órgano fiscalizador demuestra adjudicaciones "a dedo", y además "beneficiando" a empresas proveedoras vinculadas con el PP.

En declaraciones a Europa Press, Vallés confirmó que su grupo político "está analizando con detalle" el contenido del mencionado informe, que según señaló, es "bastante contundente, largo y muy complejo". En este documento, aparecen distintas valoraciones y conclusiones que dan pistas sobre "un posible gran escándalo" protagonizado por el anterior gobierno del PP.

Para el diputado del PSC, "estamos ante un escándalo grave" y, a la espera de disponer del tiempo suficiente para analizar las cifras con detalles, apunta a que estas adjudicaciones directas podrían haber llegado a los 4.000 millones de euros".

AL MARGEN DE LA LEY

Según el diputado socialista, hay "indicios muy graves" de actuaciones donde la urgencia y la falta de publicidad no aparecen justificadas. "Las adjudicaciones directas pueden suceder cuando, en determinados asuntos, la Administración entiende que sólo puede haber una única empresa con capacidad de facilitar el producto se pide o cuando es una urgencia motivada --agregó--. Pero si el Tribunal dice que se ha actuado sin que hayan concurrido este tipo de circunstancias, es que se ha actuado al margen de la ley".

Vallés considera que en este informe, el Tribunal de Cuentas dice "de forma clara" que en algunas de las adjudicaciones del último año del Gobierno Aznar, "tendría que haberse garantizado la libre concurrencia, es decir, que otras empresas pudieran haberse presentado a estos concursos". En su opinión, "sin ningún tipo de vergüenza ni tapujos adjudicaron contratos a quienes ellos quisieron".

Hizo especial hincapié en los aspectos del informe relativos al ministerio de Trabajo que entonces dirigía Eduardo Zaplana, donde el PSOE cree ver "la adjudicación de contratos públicos a dedo, sin publicidad, sin transparencia, de forma ilegal y sin ningún tipo de justificación". Si se demuestra este hecho, el PP será acusado "beneficiar a sus amigos" en sus últimos años de mandato, apostilló.

El PSOE, "ante la gravedad de lo que está denunciando el Tribunal de Cuentas", exigirá a Zaplana "una explicación" como portavoz del grupo parlamentario de la oposición y ex ministro de Trabajo en activo, teniendo en cuenta el "discurso que está adoptando últimamente".

Vallés afirmó que el diputado 'popular' "debería mirar qué hizo él y cómo actuó, si sujetándose a la ley o manteniéndose al margen de la misma". En este sentido, también se estudiará "si estas actuaciones en algún caso pueden ser constitutivas de delito, al no haberse garantizado los de publicidad y libre concurrencia, y sin estar dentro de los ámbitos de justificación o eximencia de este tipo de requisitos que la ley contempla".

LA OPINIÓN DEL FISCAL

De entrada, el portavoz socialista anunció que su grupo pedirá acelerar la comparecencia del Tribunal de Cuentas para que dé cuenta del contenido de este informe, a ser posible el próximo día 21. Ahí pedirán saber qué posición adoptó el Ministerio Fiscal: "Queremos saber cuál ha sido la postura del fiscal, en el seno den Tribunal de Cuentas, y si ha apreciado indicios de responsabilidad contable en este tipo de gestión", anunció.

A su juicio, el Tribunal de Cuentas "es el que tiene los elementos suficientes para poder probar eso y nosotros lo queremos saber de primera mano", a través de estas peticiones urgentes, en las que "se puede implicar a otros ex ministros como Francisco Álvarez Cascos (Fomento), Miguel Arias Cañete (Agricultura) o Ana Palacio (Exteriores)".

En el citado informe, al que tuvo acceso Europa Press, se dice también que se han recibido 3.718 contratos celebrados durante el ejercicio 2003 por las entidades del Sector público estatal, adjudicados por un importe de 10.678 millones de euros, de los que se han fiscalizado 1.864, lo que representa el 50 por ciento de los contratos recibidos y el 67 por ciento del importe adjudicado.

En relación con los resultados en esta fiscalización, el Tribunal pone de relieve que "muchos de los defectos, omisiones o irregularidades" mencionadas en el documento responden a "prácticas o deficiencias que se han venido manifestando repetidamente en anteriores informes, lo que confirma que se mantiene gran parte de las detectadas en ejercicios precedentes".

Respecto a los contratos fiscalizados, la documentación de los expedientes remitidos al Tribunal ha resultado con frecuencia "incompleta, incluso tras haber sido requerida específicamente". También señala irregularidades en "el procedimiento y la forma de adjudicación" de dichos contratos, "que deben justificarse en el correspondiente expediente".