MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, abogó hoy por por delimitar el marco de la Jurisdicción judicial ordinaria y la Jurisdicción constitucional para evitar la llamada 'guerra de Cortes'. Conde-Pumpido consideró que el "roce" entre las competencias del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional se "ha intensificado como consecuencia del propio éxito del sistema".
Conde-Pumpido intervino hoy en una conferencia sobre los "Veinticinco años de la Jurisprudencia Constitucional", organizada por la Fundación Universidad Rey Juan Carlos, en Aranjuez. En este contexto, el fiscal general del Estado señaló que la Corte constitucional se ha visto progresivamente enfrentada a "pretensiones de amparo que exigían afinar más su doctrina, en terrenos en lo que las fronteras marcadas por su Jurisprudencia cada vez son más sutiles y frágiles".
En este punto, Conde-Pumpido indicó que esa frontera "está en un terreno valorativo", que el propio Constitucional define afirmando que "no le corresponde revisar la valoración de las pruebas a través de las cuales el órgano judicial alcanza la íntima convicción, sino exclusivamente controlar la razonabilidad del discurso que une la actividad probatoria y el relato fáctico que resulta".
Asimismo, el fiscal precisó que cuando se trata de la interpretación y aplicación de los tipos penales, "la tensión en el ámbito procesal se recrudece". Así se refirió a los casos en que lo que se cuestiona es precisamente la interpretación del tipo penal, que accede al amparo mediante la invocación del principio de legalidad penal del artículo 25 de la Constitución.
"UN CANON DE RAZONABILIDAD"
A su juicio, en el ámbito de la interpretación del tipo penal también se ha impuesto "un canon de razonabilidad", lo que, según dijo, conlleva de nuevo a la "extrema dificultad de fijar límites, cuando se trata de confrontar criterios valorativos que proceden de órganos judiciales del máximo nivel, incluido el Tribunal Supremo".
En su opinión, el problema no radica en que el Constitucional anule una sentencia del Supremo, sino que para hacerlo, según apuntó, "deba conforme a los cánones establecidos en su Jurisprudencia, calificar como irrazonable, arbitrario o patentemente erróneo un razonamiento del más alto órgano judicial".
Para resolver la delimitación competencial entre la jurisdicción penal y constitucional, el fiscal general del Estado apostó por "la reforma legal del recurso de amparo", una solución que, según señaló, solucionaría simultáneamente "el crecimiento desbordado del recurso de amparo".
Finalmente, Conde-Pumpido invitó a reflexionar sobre la restricción del amparo por razones procesales mediante la introducción de un criterio de selección cualitativa, facultando --señaló-- "al Constitucional para ocuparse únicamente de aquellas demandas de amparo en las que se haga patente una cuestión no resuelta o necesaria para la aplicación de la Constitución".
El último episodio de enfrentamiento entre el Supremo y el Constitucional se produjo el pasado lunes con motivo de una sentencia sobre Falun Gong, en la que el TS manifesta su disconformidad con la doctrina impuesta en el "Caso Guatemala" e "invita" al Constitucional a realizar "un nuevo análisis de las cuestiones que el principio de la jurisdicción universal implica".
