BARCELONA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
El fiscal Fernando Rodríguez Rey ha presentado una querella contra 16 altos cargos de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) durante los Gobiernos de CiU por presunta malversación de fondos públicos, prevaricación y falsedad, según confirmaron fuentes de la fiscalía.
En concreto se imputa a los ex directivos, entre los que figura el ex conseller de Medio Ambiente Albert Vilalta, la contratación de un plan de pensiones por el que 15 de ellos habrían cobrado un total de 3,22 millones de euros.
Según avanzó 'El Periódico', además de Vilalta, que fue presidente de FGC hasta julio de 1991, entre los imputados están Enric Roig y Antoni Herce, que fueron presidentes de Ferrocarriles en la década de los 90, y directores como Miguel Llevat.
El fiscal acusa en su texto a los querellados de contratar un plan de pensiones con una aseguradora que fue pagado con fondos de la compañía ferroviaria catalana y en el que FGC realizó aportaciones entre 1991 y 2000 de 2,72 millones de euros.
VILALTA, EL ÚNICO QUE NO COBRÓ NADA.
Vilalta sería el único que no cobró nada, pero sí participó, según el fiscal, en la concepción de la idea original y en la firma del plan de pensiones que suscribieron también el entonces director de la compañía, Enric Roig, y el responsable financiero, Antoni Herce, a finales de 1990.
El plan, al que posteriormete se añadieron el resto de querellados, se concibió para que pareciera un fondo complementario de pensiones de la Seguridad Social, hasta que a finales 1993 o principios de 1994 se cambió de nombre.
Enric Roig, que en aquel momento ya era presidente, y su director, Miquel Llevat, fueron advertidos de la posibilidad de que los contratos del plan alternativo les harían percibir dos pensiones públicas incompatibles, por lo que decidieron cambiar los contratos y convertirlos en un "premio por dedicación y permanencia" para altos cargos que dejaban la compañía sin ser despedidos.
Por este medio Roig cobró tras salir de la empresa 1,07 millones de euros, aunque el fiscal también le acusa de cobrar 39.305 euros en dietas ilegales en su época de presidente, entre septiembre de 1993 y febrero de 1995, por ir a reuniones o asistir a actos protocolarios.
Los hechos se investigan desde que en febrero de 2004, tras la toma de posesión del Gobierno tripartito, se decidiera abrir un expediente por las presuntas irregularidades que denunció en marzo de 2003 el conseller de Economía y Finanzas de CiU Francesc Homs.
Una de las anomalías que registraba el expediente es el posible cobro de un complemento de pensiones procedente de los fondos de FGC que se habría repartido los altos cargos de la compañía durante la década de los 90.
La Sindicatura de Comptes corroboró las irregularidades y el Govern trasladó el expediente al Tribunal de Cuentas, que comunicó las irregularidades a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, autora de la querella, en enero de 2006.
