El Enrique empresario Ortiz reconoce su amistad con Sonia Castedo y Díaz Alperi

VALENCIA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El empresario Enrique Ortiz ha admitido este viernes su amistad con los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo y también que hizo regalos a cargos públicos por Navidad. Ortiz ha declarado ante el juez por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho y por su implicación como cooperador en el caso Rabasa, derivado de Brugal.

Ortiz ha declarado este viernes ante el juez que su obligación "como agente urbanizador" es "ir detrás de políticos y técnicos" para defender la aprobación de sus proyectos, aunque en algunos de ellos, como el Plan Rabasa, en el que ha dicho haber invertido 85 millones de euros, o la instalación de Ikea, perdiera dinero, según fuentes de las acusaciones.

Ortiz ha sido interrogado durante unas tres horas en el juzgado de Instrucción 6 de Alicante por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, sí como por su implicación como cooperador en otro delito de prevaricación, en una causa derivada del 'caso Brugal', donde se investiga el citado plan urbanístico. En su comparecencia, el promotor ha reconocido su amistad con los exalcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, así como que hiciera distintos regalos a cargos públicos por Navidad.

Ha reconocido haber gestionado en octubre de 2008 con el sobrino del exconseller y expresidente de las Corts Juan Cotino, Vicente Cotino, el alquiler de un avión privado para que Díaz Alperi regresase a Valencia desde Oporto tras el viaje que éste hizo junto con Castedo para conocer las instalaciones de la multinacional sueca en esa ciudad, aunque ha matizado que esas gestiones no fructificaron porque había vuelos regulares.

En líneas generales, Ortiz se ha presentado en el juzgado como un empresario trabajador que busca el interés general de Alicante, que "da de comer a 2.000 familias", como ha ilustrado luego su abogado defensor, Francisco Ruiz Marco, ante los periodistas, que ha soportado los embates de "la peor crisis económica de la historia de este país".

Con ese hilo argumental, ha justificado que siempre vaya "detrás de los políticos y los técnicos", en defensa de sus intereses, por ejemplo en el Plan Rabasa, donde él había invertido "85 millones" y debía seguir pagando intereses por los créditos financieros y otras obligaciones mientras no se aprobase.

Según el abogado de EU, José Luis Romero, que ejerce la acusación particular en las actuaciones al igual que el PSPV, el constructor "ha dicho cosas tan curiosas como que con el Plan Rabasa él perdía dinero y que con la llegada de Ikea él perdía dinero también".

En el juzgado se le ha preguntado por una conversación telefónica en la que él presumía de haber obtenido ya de Ikea por la futura instalación de una tienda en terrenos de su propiedad en Rabasa más de 90 millones de euros, y ha negado que eso fuera verdad pese a reconocer que sí lo dijo.

Respecto a sus relaciones con Díaz Alperi y Castedo, extremo en el que ha hecho hincapié el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, ha admitido que con el primero tenía una relación de amistad "más allá de lo institucional", que se había ido deteriorando tras cesar el político como alcalde, hasta el punto de verse solo "en una ocasión" desde entonces. Y con la exalcaldesa mantiene una "relación de amistad normal", en la que tienen cabida comidas y cenas conjuntas, así como viajes por vacaciones y llamadas frecuentes de teléfono.

EL BOLSO DE CAMPOS

Por otro lado, Ortiz ha considerado normal los regalos que hacía todas las Navidades a funcionarios y cargos públicos. Según ha asegurado, desde hace décadas, ya cuando llevaba la empresa con sus padres, sus empleados elaboraban un listado a tal efecto.

En este sentido, ha admitido que regaló un bolso de lujo a una funcionaria de Urbanismo imputada en este proceso, Isabel Campos, y ha añadido que no le "consta" que ésta se lo devolviera, como ella había declarado un día antes ante el magistrado, ante quien compareció por delitos de tráfico de influencias y prevaricación. Respecto a ese interrogatorio, ha negado saber "nada" de unos pagarés que la técnica admite haberle ofrecido a cambio de una comisión.

Para el abogado de EU, el promotor ha presentado los regalos que hacía a cargos públicos como las "atenciones propias de un empresario ejemplar y no en el contexto". En opinión de esta parte, "si se escucha su declaración y se ve la transcripción de sus conversaciones telefónicas, no casan".

Así, el empresario también ha negado haber regalado un barco a Blas Bernal, quien fuera portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Alicante en la época en que este partido apoyó el Plan Rabasa, aunque ha admitido habérselo dicho a un tercero en una conversación telefónica interceptada por la Policía en el marco del 'caso Brugal'. Ortiz ha concretado que el mencionado barco es de una empresa suya, pero comentó lo del regalo para no tener que prestárselo a su interlocutor.

El VIAJE A OPORTO

En cuanto a los viajes a Oporto, ha aseverado que se enteró del viaje de Díaz Alperi y Castedo a esa ciudad en octubre de 2008 cuando los políticos ya estaban allí. Una de las conversaciones intervenidas, sin embargo, prueban que habló del tema días antes con el exalcalde para prepararlo, como le ha hecho ver el fiscal, y dejan entrever que todo lo había organizado Ikea.

Ese viaje ha sido calificado de "oficial" tanto por Ortiz como por el juez instructor. La exalcaldesa Castedo coincidió con dicha definición en su comparecencia como imputada en esta causa del pasado 16 de enero, pero ella aseguró que se lo había "pagado de su bolsillo" y aportó documentación de una tarjeta de crédito para demostrarlo.

El juez Cerón ha ordenado recientemente a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que indague sobre todos los detalles que rodean esos días en Oporto. En esa época, el exalcalde ya había abandonado la Alcaldía para dar paso a Castedo. Y Ortiz ha admitido que gestionó un vuelo privado para que el político regresara a Valencia, ya que tenía un pleno en Les Corts, aunque no se llegó a contratar al haber conexiones aéreas regulares.

El empresario solo había respondido hasta ahora a su propio letrado en las otras dos causas derivadas del 'caso Brugal' en las que está imputado. Además, Ortiz está pendiente de un juicio por delito fiscal y encausado en la rama del 'caso Gürtel' sobre la supuesta financiación ilegal del PP de la Comunitat Valenciana. Hoy ha contestado a todas las partes, a excepción a las acusaciones que ejercen PSPV y EU.