MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -
El presidente del PP, Mariano Rajoy, exigió ayer al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que evite que Batasuna se manifieste el próximo domingo en San Sebastián porque se trata "de una organización terrorista ilegal". Sin embargo, la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, declinó opinar sobre la convocatoria de la izquierda abertzale y recordó que las competencias para autorizar o prohibir la marcha corresponden al Gobierno vasco. Por su parte, desde el PSE se mostraron confiados en que el Ejecutivo autonómico sea "capaz de resolver esta situación" que, pese a que "no va a ayudar demasiado", requiere que se mantenga un "equilibrio razonable" entre la ley y la razón.
El dirigente de Batasuna Pernando Barrena llamaba el viernes a participar el próximo día 13 en una manifestación en la capital de Guipúzcoa que la formación abertzale convoca todos los años y bajo el lema 'Euskal Herria Autodeterminación' como una forma de que la ciudadanía dé un "nuevo impulso" al proceso iniciado tras el alto el fuego permanente de ETA.
Rajoy, que se encontraba en Pontevedra asistiendo a la Festa do Albariño de Cambados, se refirió a la marcha y señaló que "una organización terrorista en ningún país normal está autorizada para hacer una manifestación". Por ello, consideró que "las autoridades deben evitar que se manifieste" y emplazó al Gobierno central y al fiscal general del Estado a prohibir la concentración.
No obstante, De la Vega, que compareció en una rueda de prensa tras reunirse con el presidente de Paraguay, Nicanor Duarte, señaló que el Ejecutivo no tiene nada que opinar sobre esta manifestación, de la que dijo desconocer los términos de su convocatoria. "No tengo nada que opinar, porque la competencia para autorizar esa manifestación corresponde al Gobierno vasco. El Gobierno de la nación no tiene nada que decir en ese tema" subrayó.
EQUILIBRIO RAZONABLE
En el PSE, el secretario general del partido en Guipúzcoa, Miguel Buen, señaló que la manifestación "no va a ayudar demasiado", sobre todo teniendo en cuenta que "todos sabemos cómo puede empezar una manifestación y casi todos, por desgracias, sabemos cómo suelen terminar o qué suele suceder cuando terminan estas manifestaciones". Así, aunque afirmó que "lo mejor sería que no se hubiera convocado esta manifestación", añadió que es preciso respetar el derecho constitucional de libre manifestación.
"Hay que mantener el equilibrio razonable al que nos obliga la ley y también en muchos casos la razón", aseveró Buen. En la misma línea se pronunció el secretario general del PSE en Álava, Txali Prieto, que consideró que si los convocantes cumplen los requisitos de legalidad de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente "tendrán derecho a hacer una manifestación" y, en caso contrario, el Ejecutivo tendría que tomar las medidas para impedir que se haga un acto fuera de la ley".
Además, Prieto acusó al PP de "tensar todo al máximo" por presentar una iniciativa para reclamar al Gobierno vasco que actúe contra la convocatoria. El Ejecutivo "sabe perfectamente cuáles son sus competencias y obligaciones", aseguró, al tiempo que mostró su confianza en que la Administración autonómica sea "capaz de resolver esta situación en los términos más adecuados y ajustados a sus competencias y al Estado de Derecho".