VALLADOLID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Penal número 2 de Valladolid reiniciará este viernes el juicio contra la ginecóloga María Jesús C.P, acusada de un delito de lesiones graves por imprudencia profesional presuntamente cometido en el alumbramiento de una niña en julio de 1997 en el Sanatorio Sagrado Corazón de Valladolid.
Tras las sesiones celebradas los pasados días 25 y 26 de enero, está previsto que el proceso quede este viernes visto para sentencia cuando las partes expongan sus conclusiones definitivas. Inicialmente, la acusación pública y la particular solicitan penas de 1,5 y 2 años de cárcel, respectivamente, para la ginecóloga, así como, por el mismo orden, su inhabilitación para el ejercicio de la profesión por espacio de dos y tres años y el pago de indemnizaciones que se elevan a 710.000 y 800.000 euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Como responsables civiles directos figuran Winterthur y A.M.A. (Agrupación Mutual Aseguradora) y como subsidiarios el Sanatorio Sagrado Corazón y las compañías FIAT y DKV. A mayores de las indemnizaciones citadas, ambas partes interesan el pago de una renta vitalicia por el importe de los gastos derivados del ingreso de la niña en un centro especializado hasta su fallecimiento.
En las primeras sesiones, la acusada negó haber bajado al paritorio a la madre cuando ésta aún no había dilatado por completo y aseguró que el fórceps que utilizó para extraer al bebé fue absolutamente correcto y no provocó en él los daños irreversibles que a la postre sufrió.
Pese a que las acusaciones, tanto la pública como la particular, sostienen que la madre fue llevada al paritorio cuando tan sólo había dilatado 4 centímetros en lugar de los 10 necesarios, tal y como mantuvo la matrona en la fase de investigación, y que por tal motivo el bebé estuvo más tiempo del preciso encajado al no hallarse en el tercer plano, la doctora aseguró que la parturienta había dilatado casi por completo, entre 8 y 9 centímetros, y se hallaba en la fase de expulsivo final y el plano adecuado.
La imputada declaró igualmente que el parto se desarrolló con normalidad y que únicamente cuando detectó una ligera y breve bradicardia aplicó un fórceps para extraer a la niña y evitar sufrimiento fetal, sin que dicho instrumental, según ella, fuera el detonante de las gravísimas lesiones sufridas por el bebé.
DISCREPANCIAS ENTRE LOS PERITOS
Al día siguiente, el forense de los juzgados no dudó al afirmar que de los informes que obran en autos "no se desprende que el motivo de la anoxia intra parto sufrida por la niña fuera fruto de una mala praxis de la acusada" y consideró igualmente acertado el uso de un fórceps de urgencia por parte de la profesional para extraer al bebé ya que éste presentaba sufrimiento fetal.
Junto al testimonio del forense, quien no fue capaz de explicar la causa de la falta de oxígeno en el feto, los también peritos Rafael P. y Nelson L, el primero neurólogo y pediatra y el segundo médico de familia y especialista en medicina forense, coincidieron igualmente al señalar que las graves lesiones por sufrimiento fetal se produjeron en la fase expulsiva, mientras que los peritos de la defensa, los ginecólogos Adolfo M. y Juan Ignacio B. y el experto en medicina legal Javier L. de G, hicieron frente común al sostener que la afección neurológica de la niña fue anterior al parto y ajena a cualquier intervención de la acusada.