ZARAGOZA, 4 May. (EUROPA PRESS) -
La reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón recibió ayer un impulso importante al cerrarse varios acuerdos por unanimidad de todos los grupos parlamentarios (PSOE, PP, CHA, PAR e IU). Se avanza así con el objetivo de que el próximo 21 ó 22 de junio se pueda debatir y aprobar en pleno el nuevo texto estatutario aragonés para que, una vez publicado en el Boletín Oficial de Aragón, pase a su tramitación en el Congreso, donde deberá recibir la aprobación definitiva.
Así lo manifestó el portavoz del PAR y coordinador de la ponencia, Javier Allué, quien recordó que el próximo martes se celebrará la última reunión de la ponencia. El 17 de mayo tendrá lugar su toma en consideración, y a partir de ahí se abrirá un periodo de enmiendas y otro de ponencia, para finalmente debatirse en el pleno de la Cámara aragonesa, como se ha señalado, entorno al 21 ó 22 de junio.
Javier Allué comentó que una vez que el texto llegue al Congreso de los Diputados está previsto que se estudie y se debata definitivamente a finales de año, "para tener el Estatuto aprobado antes de las próximas elecciones" autonómicas, en la primavera de 2007.
El coordinador de la ponencia aseguró que tras las últimas reuniones "se han dado pasos importantes" y "prácticamente hemos avanzado en todo" respecto al Estatuto actual. También valoró positivamente la unanimidad con la que se están produciendo los acuerdos, algo que "espero que en Madrid respeten al cien por cien".
En este sentido, aseveró que "el valor de la unidad tendrá un plus de peso específico", situación que comparó con otros Estatutos de Autonomía "partidos por la mitad" en sus respectivos parlamentos al no contar con el apoyo de todos los grupos, dijo, en relación con los Estatutos andaluz y catalán, algo que calificó como "escenarios no correctos para una norma como un Estatuto de autonomía".
Javier Allué desgranó algunos de los principales asuntos acordados en la sesión de ayer, como la inclusión a través de una disposición adicional de una reserva de agua de 6.500 hectómetros cúbicos para uso específico de los aragoneses.
Además, "se velará para evitar cualquier transferencia de caudales respetando el principio de unidad de cuenca" y "se incorpora la participación de la comunidad autónoma en los órganos de gestión y planificación del Estado", con la necesidad de un informe preceptivo ante cualquier propuesta de obra hidráulica o de transferencia de caudales que afecte el territorio aragonés.
Otro de los acuerdos alcanzados hace referencia al Archivo de la Corona de Aragón. El articulado aragonés precisará que hasta que no se cree el Patronato del Archivo "no podrá adoptarse ninguna norma ni medida que no esté aprobada por los miembros integrantes del patronato", que son el Estado y las cuatro comunidades autónomas que cuyos territorios pertenecieron a la antigua Corona de Aragón.
Asimismo, el futuro texto estatutario señalará que una vez creado, el Patronato deberá informar con carácter preceptivo y vinculante sobre cualquier aspecto que afecte al Archivo y a su unidad.
Por otra parte, Javier Allué comentó que el artículo 1 del Estatuto mantiene la definición de Aragón como nacionalidad histórica. No obstante, adelantó que en el preámbulo, cuya redacción se cerrará en la reunión del próximo martes, se hará referencia a los derechos históricos y quizá se puedan incluir algunas cuestiones "que en el articulado son más difíciles de aceptar".
En relación con este punto, el coordinador de la ponencia argumentó que hay diferencias pero "no son insalvables" y explicó que se va a hacer un esfuerzo para "reflejar todas las posiciones".
En materia de financiación, el nuevo Estatuto fija la necesidad de que se tengan en cuenta las singularidades territoriales de Aragón --como su ubicación fronteriza, su despoblación y el necesario equilibrio territorial--, tanto en los mecanismos de compensación como a la hora de determinar las inversiones del Estado en materia de infraestructuras para la comunidad autónoma.
Finalmente, Javier Allué recordó que tras la toma en consideración del texto pactado por todos los grupos en ponencia se podrán presentar enmiendas que "podrían mejorar todavía más el texto".
