BILBAO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Red Estatal de Medios Comunitarios (REMC) afirmó hoy, con motivo de un encuentro celebrado este fin de semana en Bilbao, que "la legislación española es una de las peores del mundo en cuanto a la democratización de los medios de comunicación". En este sentido, consideró que "España incumple todas las recomendaciones de expertos internacionales".
La REMC celebra sus cuartos encuentros en el albergue municipal de Bilbao con la asistencia de 150 integrantes de radios y televisiones comunitarias españolas, así como investigadores que siguen de cerca la evolución de este fenómeno. Estos medios de comunicación alternativos pretenden "reivindicar espacio" para el llamado "tercer sector" de la comunicación.
Esta Red se fundó en 2003 y, en este encuentro, se debate su "fortalecimiento" como interlocutor ante los gobiernos autonómicos y estatales "para conseguir que se garantice el derecho a comunicar de los colectivos ciudadanos que desarrollan medios de comunicación comunitarios".
En un comunicado, señala que estos medios "suelen confundirse con radios ilegales cuando, en realidad, estos proyectos sociales son víctimas de un vacío legal que limita su desarrollo". "El fenómeno de las radios piratas, de carácter comercial, es totalmente ajeno a la REMC", asevera.
Entre los expertos que participan en este congreso se encuentran el director de legislaciones y derecho de la comunicación de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y el Caribe (AMARC-ALC) Gustavo Gómez, de Uruguay; la presidenta de AMARC-ALC y representante de este organismo en el Consejo Internacional del Foro Social Mundial, María Pía Matta; y el vicepresidente de AMARC-Europa, Mariano Sánchez.
En el encuentro que se celebra entre los días 23 y 25 en la capital vizcaína, esta plataforma denunció que en el Estado español "no se reservan espacios en el dial radiofónico" para radios alternativas ni hay "fondos públicos para promover los medios de comunicación sin ánimo de lucro gestionados por ciudadanos". Asimismo, cree que "no se garantiza" que la ciudadanía pueda "crear medios en plataformas digitales u otros soportes".
