MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -
La gestión de Jordi Sevilla al frente del Ministerio de Administraciones Públicas culmina con la aprobación de cinco estatutos y el futuro debate de otros tres --el de Canarias, Castilla y León y Castilla La Mancha--, que se encuentran en fase de tramitación en las Cortes Generales, donde el atasco de la reforma canaria ha obligado a retrasar hasta después del verano su negociación.
El Estatuto canario ha estado encallado desde que en febrero fuera tomado en consideración por la Cámara Baja, donde los grupos han estado solicitando el sucesivo aplazamiento del periodo de enmiendas al texto, y donde será a partir de septiembre, con el inicio del curso parlamentario, cuando se inicie su debate en la Comisión Constitucional.
La reforma del Estatuto de Castilla y León, que llegó al Congreso pactada por 'populares' y socialistas, está en fase de presentación de enmiendas parciales, después de que el pleno de la Cámara Baja tomara en consideración el pasado 17 de abril el texto que vino de la Cámara autonómica.
Mientras, en Castilla La Mancha, el Parlamento regional aprobó por unanimidad el pasado 29 de enero la reforma de su Estatuto de Autonomía, cuyo texto, que fue el último en llegar al Congreso y que fue registrado el pasado 1 de febrero, se encuentra a la espera de ser tomado en consideración en pleno.
Los plazos para aprobar estas tres reformas se van reduciendo porque si no se produce un adelanto electoral, las Cortes se disolverán en enero y el tiempo de trabajo que resta hasta entonces se centrará, como es habitual, en la negociación de los Presupuestos Generales, últimos esta vez del actual Gobierno.
EL CATALÁN, EL MÁS POLÉMICO
En esta legislatura han pasado por las Cortes y han sido aprobadas la reforma de los estatutos de Valencia, Cataluña, Andalucía, Baleares y Aragón, por este orden. No obstante, su aprobación no ha estado exenta de polémica, como lo demuestra la interposición de diversos recursos de inconstitucionalidad entre autonomías.
El Estatuto catalán, el que más polémica ha suscitado de todos los aprobados hasta el momento, ha sido el más recurrido, puesto que además del PP y el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, la Comunidad Valenciana, La Rioja, Baleares (cuando gobernaba el PP) Castilla La Mancha y Andalucía, presididas estas dos últimas por socialistas, han interpuesto sendos recursos de inconstitucional ante el alto tribunal.
Por su parte, el Estatuto andaluz ha sido recurrido ante el TC por parte del Gobierno extremeño, por la gestión del Guadalquivir, y por el Ejecutivo valenciano, que considera que el texto vulnera distintos preceptos de la Carta Magna, especialmente la regulación del sistema de financiación autonómica.
BLOQUEO DE REFORMAS
En el resto de Comunidades, o bien no se ha planteado la posibilidad de reformar sus respectivos estatutos en firme o bien ha quedado bloqueada. En el primero de los casos se sitúan Madrid y Cantabria. En esta última, después de tres reformas, no se contemplaba inicialmente la necesidad de cambios. Sin embargo, a raíz del planteamiento de la modificación de sus textos estatutarios de otras autonomías, ha llegado el debate político sobre la necesidad o no de una reforma.
En Asturias, el PP bloqueó la reforma de su Estatuto la pasada legislatura, si bien se espera retomar la negociación en la nueva con el modelo del texto estatutario aragonés como ejemplo a seguir, según señaló el presidente en funciones del Principado, Vicente Álvarez Areces, que será reelegido los próximos 4 y 5 de julio en el Parlamento regional.
En Navarra, por su parte, la ponencia de autogobierno impulsada por IU fracasó en la pasada legislatura porque los grupos no llegaron a ningún acuerdo. Sin embargo, la intención es retomarla en esta legislatura. Lo mismo ocurre en La Rioja, donde también quedó paralizada una reforma que será retomada "sin prisas, pero sin pausas", según el presidente de la Comunidad, Pedro Sanz, al inicio del próximo periodo de sesiones.
En la comunidad gallega, la reforma de su Estatuto quedó frustrada el pasado mes de enero, debido a que PP, PSOE y BNG no fueron capaces de alcanzar el consenso necesario para su aprobación. Tras las elecciones del 27-M, los 'populares' manifestaron su voluntad de retomar el proceso de reforma, pero socialistas y nacionalistas cerraron esta puerta y condicionaron retomar la revisión del Estatuto a que se produzca "un cambio sustancial" de la posición del PP.
De su parte, Murcia inició sin prisa la reforma de su Estatuto de Autonomía en la pasada legislatura con la creación de la Comisión Especial, pero será en esta nueva legislatura cuando se prevé que se reinicien los trabajos para su modificación.
País Vasco es, hasta el momento, la única Comunidad que ha visto rechazado su intento de reforma del Estatuto. Cabe recordar que, en febrero de 2005, el Congreso echó para atrás el plan soberanista presentado por el lehendakari, Juan José Ibarretxe, por 313 votos en contra, 29 votos a favor y 2 abstenciones.