MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha celebrado la decisión del Gobierno de impugnar ante el Tribunal Constitucional la resolución aprobada el 11 de octubre por el Parlamento de Cataluña contra el Rey y la monarquía, a pesar del criterio en contra expresado por el Consejo de Estado, ya que considera que la Cámara autonómica excedió sus competencias.
"Estoy de acuerdo con el Gobierno, creo que hay que recurrirlo porque no se ataca a la monarquía, se ataca a la Jefatura del Estado, que representa la unión de los españoles y la soberanía nacional en la Constitución", ha declarado en una entrevista en laSexta, recogida por Europa Press.
Aunque el Consejo de Estado sostiene en su informe que no ve viable un recurso porque la declaración del Parlament es simplemente "un juicio valorativo", el Gobierno ha anunciado este viernes que acudirá igualmente al Tribunal Constitucional. El presidente de Cs ha respaldado esta decisión al recordar que el informe del Consejo de Estado "es preceptivo, no obligatorio", y que es el Ejecutivo el que, tras escuchar esta "opinión jurídica", debe decidir como actuar.
EL PARLAMENT NO PUEDE DECIDIR SOBRE EL MODELO DE ESTADO
Según Rivera, los Parlamentos de las comunidades deben "respetar el modelo de Estado de España", les guste o no, y en este caso la Cámara catalana "no tiene competencias" para aprobar una resolución como la del pasado 11 de octubre.
"Tú no puedes decidir unilateralmente en un Parlmento qué modelo de Estado tienes o atacar a la Jefatura del Estado, sea un monarca o sea un señor elegido en las urnas", ha argumentado el líder de la formación naranja tras recordar que la propia Constitución establece los mecanismos que permiten, con una mayoría parlamentaria suficiente, cambiar el modelo de Estado.
El texto aprobado por el Parlament rechaza y condena el posicionamiento de Felipe VI en el "conflicto catalán", así como su "justificación de la violencia" policial durante el referéndum del 1 de octubre, y aboga por la abolición de la institución monárquica, que califica de "caduca y antidemocrática".
