SEVILLA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
El diputado de IU en el Parlamento andaluz Antonio Romero ha elaborado un informe para abrir un debate sobre las medidas a adoptar para hacer frente al auge de la especulación inmobiliaria" en España y en Andalucía en el que propone un "decálogo de medidas urgentes" que plantea como primera actuación "aplicar la ley de expropiación forzosa sobre todos los suelos en los que se vaya a construir".
En dicho informe, al que ha tenido acceso Europa Press, Romero reconoce que la aplicación de la ley de expropiación forzosa constituye una "medida muy radical", pero se muestra convencido de que "quizá sea con medidas de este tipo como se pueda parar la voracidad salvaje y muy radical también de los especuladores".
Según detalla la propuesta del diputado de IULV-CA, la aplicación de la ley de expropiación forzosa sobre todos los suelos en los que se vaya a construir "implica que se paga a justiprecio en función de su valor agrícola-rústico, y no en función del valor virtual que se le otorga al vuelo o a lo que se va a construir encima".
Junto a esta medida "radical", el decálogo planteado por Romero apuesta por "eliminar la calificación del suelo", de forma que se pueda "construir o no, en función de la decisión de la comunidad correspondiente a través de sus representantes, y expresada en el planeamiento"; establecer "suelo especialmente protegido" por razones medioambientales, paisajísticas o culturales; y fijar que "la obligación de urbanizar corresponde a la autoridad local expropiatoria, de acuerdo con el plan legalmente aprobado".
PROHIBIR CONVENIOS URBANÍSTICOS
La propuesta del diputado de IULV-CA aboga por "promover que la autoridad que tiene que urbanizar contrate empresas especializadas en mediante contratos públicos, competitivos y transparentes", así como por "prohibir los convenios urbanísticos y flexibilizar las modificaciones del Plan, garantizando la transparencia y la participación ciudadana".
Romero plantea además "reformar la normativa de incompatibilidades de concejales y alcaldes, de forma que se apliquen con matizaciones las normas sobre conflicto de intereses e incompatibilidades que se aplican a altos cargos del Estado, como la prohibición de trabajar en los dos años siguientes al cese para empresas con las que tuvieran relación durante el ejercicio de su cargo".
El decálogo planteado por Romero se completa con medidas como "independizar la oficina de conflictos de intereses del Estado y reconocerle el derecho a solicitar datos a Hacienda, bancos, notarios y registradores para detectar casos de corrupción"; "reforzar la Fiscalía Anticorrupción y las fiscalías de Medio Ambiente y especializar jueces en ese ámbito"; y "reformar la financiación de los ayuntamientos, adecuando ingresos a competencias realmente ejercidas".
