Critica que la prolongación del debate político al TC le obliga a hacer de árbitro y provoca "pérdida de autoridad" de la Institución
ARANJUEZ (MADRID), 11 Jul. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, apostó esta mañana por dotar el Tribunal Constitucional (TC) de capacidad para "presentar propuestas" para la renovación de sus miembros. Según resaltó, actualmente, el TC "no puede más que soportar con paciencia" que el Poder Legislativo elija a ocho de sus miembros y que tampoco tenga capacidad de decisión en los cuatro restantes. Según dijo, este método de elección provoca, por ejemplo, problemas en el trabajo de la institución por retrasos en los nombramientos.
Rubio Llorente realizó estas afirmaciones durante una conferencia sobre el TC en los cursos de verano de la Fundación Universidad Rey Juan Carlos. El TC se compone de doce miembros nombrados por el Rey: de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría: dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
"La pasividad del TC frente al Legislativo no es irremediable y se podría considerar la opción de dotar al Tribunal de capacidad para dar propuestas sobre su renovación o, al menos, que cuando el Legislativo se retrase tres meses en cubrir la vacante, el TC tenga la posibilidad de hacer propuestas de nombramientos. También se podría valorar que los magistrados cesen cuando se cumpla su mandato, haya o no un sustituto", argumentó.
MAL USO DE SUS OBLIGACIONES POR EL LEGISLATIVO
En este sentido, apuntó que así se dotaría al TC de algunos instrumentos a utilizar cuando el Legislativo hace un "mal uso de sus obligaciones". Asimismo, destacó que así se evitaría el "peligro" de que el Poder Legislativo pudiera acabar con el TC si así lo deseara, algo que podría hacer "simplemente no nombrando magistrados".
Rubio Llorente criticó también que, en el momento político actual, los partidos políticos usen "constantemente" referencias a la constitucionalidad de las leyes, algo que "no debe llevar a la conclusión de que se pueda someter al TC cualquier asunto". En su opinión, esta actitud supone una "prolongación" del debate parlamentario y se obliga al TC a hacer de "árbitro entre partidos, algo que redunda en su propia pérdida de autoridad".
