La ruptura de relaciones con Casado llega cuando el PSOE necesita al PP para renovar el CGPJ

Carlos Lesmes y Ana Pastor
EUROPA PRESS - Archivo
Publicado 25/10/2018 11:25:39CET

El actual Consejo caduca en diciembre y el Congreso y el Senado han dado de plazo hasta la próxima semana para presentar candidatos

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El anuncio del Gobierno de dar por rotas las relaciones con el presidente del PP, Pablo Casado, por implicar a Pedro Sánchez en el "golpe de Estado" de los independentistas catalanes se produce cuando los partidos políticos deben negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde la formación 'popular' es imprescindible.

El Congreso y el Senado tienen abierto un plazo, que concluye la próxima semana, para presentar candidatos a la renovación del actual Consejo que preside Carlos Lesmes. Ese plazo se puede prorrogar ya que el mandato del CGPJ acaba el próximo 4 de diciembre.

Las Cortes deben votar a los 20 vocales del Consejo, de los que doce han de ser jueces o magistrados preseleccionados por la carrera profesional, y los otros ocho son juristas de reconocido prestigio propuestos por los grupos políticos.

La mitad del CGPJ se elige en el Congreso y la otra mitad en el Senado y, dada la aritmética parlamentaria y la exigencia de mayorías, es imprescindible que PP y PSOE se pongan de acuerdo, ya que en la votación se precisa el apoyo de tres quintos (210 diputados del Congreso) y el PP cuenta además con mayoría absoluta en la Cámara Alta.

51 JUECES CANDIDATOS PARA 12 ASIENTOS

El pasado 27 de septiembre, el presidente del CGPJ, Carles Lesmes, remitió al Congreso y al Senado una lista con los 51 candidatos seleccionados por las asociaciones y la carrera judicial para intentar ocupar esos doce asientos reservados a magistrados.

En esa relación de nombres figura Gema Espinosa, magistrada de Audiencia Provincial de Barcelona y esposa del instructor de la causa del 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, así como la exdiputada de Podemos y juez en Canarias Victoria Rosell y el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, instructor del caso Bankia, la pieza relativa a las 'tarjetas Black' o los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona).

La lista la integran, además, candidatos tanto independientes como presentados por las asociaciones judiciales para que puedan ser elegidos en el cupo de 12 vocales pertenecientes a la carrera judicial por el Congreso y el Senado. Se da la circunstancia de que Espinosa es la independiente que más avales ha reunido entre sus compañeros, un total de 309.

Entre los aspirantes también están José María Fernández Seijo, actualmente en la Sección 15 de lo Civil de la Audiencia Provincial de Barcelona y que se hizo popular por ser el juez que llevó la Ley Hipotecaria española ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que opta a vocal a propuesta de Juezas y Jueces para la Democracia (JpD).

Por contra, entre los eliminados por no cumplir el requisito de ser juez en activo está el magistrado de lo Penal de la Audiencia Nacional destaca el nombre de José Ricardo de Prada, a quien se atribuyen las frases más duras contra el PP de la sentencia del caso Gürtel que detonó la moción de censura contra Mariano Rajoy. De Prada se encontraba en excedencia trabajando en el Tribunal Penal Internacional con sede en La Haya y no se le ha concedido el ingreso, por no estar acreditada la renuncia en dicho puesto, lo que el juez ha tildado de "sanción encubierta".

PACTO PARA ACABAR CON EL "PRESIDENCIALISMO"

Horas antes de que el Gobierno formalizara ese anuncio de ruptura de relaciones, el PP y PSOE, junto con Unidos Podemos, se unieron en la Comisión de Justicia del Congreso para devolver a sus 20 vocales la dedicación exclusiva y así acabar con el "presidencialismo" que a su juicio sufre el órgano de gobierno de los jueces.

Esta modificación, que el Pleno del Congreso deberá ratificar la próxima semana, supone de facto derogar el sistema establecido con la reforma de la Ley del Poder Judicial (LOPJ) que impulsó el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón en 2012.