MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha decretado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para José Ignacio Encinas Charro, expresidente de la empresa Defex SA, perteneciente a la SEPI y dedicada a la exportación de material de seguridad y defensa, por la presunta comisión de seis delitos relacionados con la defraudación de cantidades millonarias de un contrato para el suministro de material policial con Angola, han informado fuentes jurídicas.
La misma medida cautelar ha sido acordada respecto de otros tres detenidos en la denominada "Operación Angora", mientras que se han fijado fianzas para otros dos arrestados y los tres restantes han sido puestos en libertad.
Tras una maratoniana jornada de declaraciones, que comenzó antes de las diez de la mañana y concluyó a medianoche del viernes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha dictado un auto en el que imputa a Encinas Charro los presuntos delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, contra la Hacienda Pública, cohecho, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, y falsedad documental.
La misma medida de prisión sin fianza ha sido acordada para otros tres detenidos en la misma operación, que investiga la desviación de fondos de un contrato de 152 millones de euros para equipar a la Policía Nacional de Angola por parte de una Unión Temporal de Empresas formada por DEFEX y Comercial Cueto 92 S.A. Esas tres personas son Juan Carlos Cueto Martin, consejero delegado de Cueto; y Manuel Iglesias-Sarria y Angel María Larumbe, directivo y exdirectivo de Defex.
En cuanto a los otros cinco detenidos que declararon este ante el juez y el fiscal Anticorrupción, se ha decretado prisión eludible con fianza de 200.000 euros para Icíar de Iraola, esposa de Cueto, y libertad con obligación de pagar en una semana una fianza de 20.000 euros para Enrique Francisco Gómez Cuesta, consejero de Defex hasta 2013, mientras que los otros tres han quedado en libertad con retirada de pasaporte y obligación de comparecencia en el juzgado cada semana.
TRANSFERENCIAS MILLONARIAS A LUXEMBURGO
En el auto dictado hoy, el juez relata que desde cuentas corrientes de la UTE Cueto-Defex se transfirió a un banco de Luxemburgo 41,4 millones de euros sin razón comercial o actividad mercantil aparente alguna, y por los querellados se confeccionaron de forma aparentemente inveraz facturas y adendas a los contratos que permitiesen justificar tales desvios de fondos al extranjero.
Como beneficiarios últimos del dinero figuran los querellados y familiares de funcionarios públicos de la República de Angola.
El magistrado presume de forma indiciaria que los directivos de Defex y Cueto detenidos se concertaron con funcionarios angoleños para, a través del contrato de suministro de material a la Policía llevar a cabo una apropiación patrimonial ocultada, desviada al extranjero mediante un complejo entramado societario desde paraísos fiscales.
LA SOBRINA DE PAESA
La "operación Angora", se ha saldó con un total de 10 detenciones por la Guardia Civil. Además de los que ya han depuesto ante el juez Ruz fue detenida la sobrina del ex colaborador del Ministerio del Interior Francisco Paesa, que será trasladada a España y declarará el próximo lunes ante el juez.
Los investigadores relacionan a Beatriz García Paesa con un despacho de abogados luxemburgués que colaboró en el desvío de cantidades millonarias procedentes de ese contrato creando una "estructura financiera altamente sofisticada" para blanquear el dinero, según la Guardia Civil, que creó un grupo permanente de intercambio de información con la Policía del país europeo.
Defex y Cueto constituyeron en junio de 2008 la UTE ahora investigada para suministrar de equipamiento de la Policía Nacional de la República de Angola gracias a un contrato de 152 millones de euros. En aquel momento Encinas Charro, ocupaba los cargos de presidente, consejero y apoderado en Defex, que asumió en 1991 y mantendría hasta el año 2012.
Las pesquisas contra ellos comenzaron en 2013, cuando las autoridades judiciales de Luxemburgo informaron de la llegadas de decenas de millones de euros desde cuentas bancarias españolas sin justificación aparente. Según los investigadores, el contrato sirvió como pantalla para desviar una gran parte de su importe, en beneficio de personas que participaban en la UTE y de responsables de la adjudicación del contrato en Angola, con la colaboración de un despacho de abogados de Luxemburgo.
