BARCELONA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
El segundo de los dos encapuchados que presuntamente quemaron fotografías de los Reyes en una manifestación en Girona el 13 de septiembre y el fotoperiodista que se negó a entregar a los Mossos d'Esquadra imágenes de participantes en una segunda quema, durante una concentración el sábado también en Girona, declararán hoy en la Audiencia Nacional.
El segundo encapuchado, el vecino de Girona de 19 años Enric Estern, puede pertenecer a la agrupación independentista Maulets y fue quien roció con gasolina las fotos, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Fue identificado de forma muy similar al primer encapuchado, Jaume Roure. Comparando diversas imágenes previas a la quema de fotografías --sin estar encapuchado-- con imágenes posteriores, se hallaron seis coincidencias, como la de una pulsera. Además, un policía le siguió después y le vio cambiarse de ropa.
Enric Estern declarará como imputado ante el juez Santiago Pedraz, que el pasado viernes dejó en libertad al primer identificado, Jaume Roura, sin ningún tipo de medida cautelar, después de que éste reconociera en su declaración haber quemado fotografías de los Reyes.
También hoy, el juez Fernando Grande-Marlaska debe tomar declaración a Jordi Ribot, aunque en calidad de testigo. Este fotógrafo 'freelance' se negó a entregar sus fotos de la manifestación del día 22 en Girona, en la que decenas de personas también quemaron imágenes de los monarcas.
En la citación, según las mismas fuentes, se le recomienda acudir acompañado de un abogado, ya que se expone a una posible imputación por un presunto delito de desobediencia.
Ribot ya ha recibido el apoyo del Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC), cuya Junta Ejecutiva se manifestó en un comunicado "contra las presiones policiales y judiciales sobre los fotógrafos".
El colegio pide "al conjunto de la profesión" que rechace el requerimiento judicial: "Porque los periodistas no somos confidentes policiales sino garantes del derecho a la información de la ciudadanía".
Para el colegio, este hecho demuestra, "una vez más", que hace falta una regulación "urgente" del secreto profesional periodístico para evitar estas situaciones, que van "en contra del derecho de los ciudadanos a recibir información veraz y plural".
