Sólo dos han respondido a las preguntas del instructor, mientras que otros dos no se han presentado a la citación
MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -
Seis de los diez investigados citados este lunes en la Audiencia Nacional por su presunta participación en el 'caso Titella', que tiene al productor televisivo José Luis Moreno como principal investigado, se han acogido a su derecho a no declarar ante las preguntas del juez instructor y del Ministerio Fiscal alegando que fueron citados en julio y que no han tenido acceso a la documentación necesaria para preparar con garantías el interrogatorio.
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press al término de la comparecencia ha señalado que, de esta forma, sólo han sido dos los imputados que han decidido responder al magistrado Ismael Moreno, mientras que los otros dos no se han presentado a la citación.
Estas citaciones, enmarcadas en la tanda de hasta 77 personas que afronta el instructor hasta final de agosto, están relacionadas con la presunta trama de blanqueo de capitales de 'Titella'. Tienen lugar después de que el pasado mes de julio, llegara a las dependencias del Juzgado Central de Instrucción número 2 un informe de 482 folios de la Guardia Civil de Cataluña y la Policía Nacional.
En el informe, los agentes identificaron a todos los nuevos imputados, a los que dividen en administradores, testaferros y empleados de banca que colaboraron con la organización de forma activa o secundaria.
"Se han obtenido evidencias e indicios que relacionarían a los investigados con los hechos que se tratan de esclarecer, en concreto ha quedado acreditada la existencia de una organización criminal, que opera a nivel internacional, cuya actividad delictiva se diversifica en diferentes especialidades desde el fraude y estafa a entidades bancarias, a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés, además del posterior blanqueo de los beneficios obtenidos", explicaba el documento.
TESTAFERROS
Según indicaron, esa estructura "dividida en células operativas y claramente jerarquizadas" tendría como supuestos líderes desde el año 2017 al propio José Luis Moreno y a Antonio Aguilera y Antonio Salazar, que contaban "con funciones definidas".
Unos 58 de los 77 nuevos imputados aparecen en el informe como presuntos testaferros de las empresas y sociedades que la trama habría utilizado para lucrarse con los mencionados créditos y concesiones bancarias. "Eran los encargados de personarse en la entidad bancaria, presentar la documentación contable y financiera que Aguilera y Salazar habían preparado junto al resto de sus colaboradores para así solicitar financiación para sus sociedades", consta en el informe.
"Los productos contratados eran muy diversos desde líneas de crédito a préstamos bancarios y créditos ICO, pasando por factoring, confirming, líneas de descuento, pagarés, pólizas de crédito, leasing, renting y cualquier otro que les resultase beneficioso", detallaron los agentes.
EMPLEADOS DE BANCA
Del restante de nuevos imputados, el oficio distinguía a los empleados de banca que, por una parte, tenían "conocimiento real de que los investigados como líderes de la organización" eran los que dirigían las sociedades y gestionaban la financiación "a pesar de no figurar en los órganos de administración de las sociedades ni aparecer en las mismas como socios o apoderados". Aun así, accedían a "facilitarles toda la información y realizar con estos las operativas bancarias que les pedían", ya fuese por "negligencia o por falta de diligencia en sus funciones".
Por otra parte, la policía judicial apuntaba a otro eslabón: el de los empleados de banco que "participaban de forma activa y directa en estas operaciones percibiendo de la organización una remuneración por su trabajo, tanto en dinero como en especies, como teléfonos móviles de alta gama, televisiones, coches o estancias en hoteles".
Ese fue el caso, presuntamente, del director de una oficina del Banco Popular en Valladolid que recibió una aspiradora Roomba o el del director de una sucursal de Liberbank, que habría percibido una televisión de pantalla plana, electrodomésticos, entradas para el palco VIP de un partido de fútbol, un apartamento en Benidorm o un jamón.
En último lugar, y sin mencionar nombres, el oficio remitido al instructor también distinguía un último peldaño: el de los empleados de bancos que han aparecido durante la instrucción "colaborando con los investigados o referenciados por estos en alguna de las conversaciones monitorizadas".
EL ORIGEN DE TITELLA
Las indagaciones en torno a Titella comenzaron en 2018 y la operación eclosionó en junio de 2021 con la detención del ventrílocuo y la de decenas de personas en distintas ciudades por una presunta estafa perpetrada a través de un entramado societario.
Los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al "fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados", "a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés" y al "blanqueo de capitales"; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, presunto narcotraficante que se habría valido de dicha estructura para blanquear el dinero.
Según el relato judicial, Moreno y Aguilera serían los "máximos responsables" y Salazar, el tercero en acción. Cada uno tendría una función. El productor, "como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita" a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, "era el principal receptor de los fondos obtenidos".
Ese dinero pasaría entonces a manos de Aguilera y Salazar. Los dos tendrían "amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil", por lo que se ocuparían de crear las sociedades, "maquillarlas", poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecerían de actividad alguna.
Mediante esta red de "empresas pantalla" administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones moverían "grandes cantidades de dinero en efectivo" a las que intentaban dar salida con ingresos que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o con inyecciones en metálico para lo que contarían con la complicidad de empleados de banca que se llevarían su comisión a cambio de introducir este dinero en el circuito legal.
