La Cámara Baja celebra mañana su segundo y último debate sobre el tema, con la oposición en contra de la iniciativa del PP
MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Constitucional del Senado ha elegido ya a los miembros de la ponencia que estudiará la reforma exprés del Tribunal Constitucional (TC) sobre ejecución de sentencias, con la peculiaridad de que esta proposición de ley aún no ha sido aprobada por el Congreso, que tiene previsto discutirla este jueves.
La Comisión se reunió este martes y designó como miembros de la ponencia a José Manuel Barreiro y Rosa Vindel, por el PP, y a Tontxu Rodríguez y Francesc Antich, por el PSOE. Queda pendiente la elección también de un representante del Grupo Mixto, que no estuvo presente en la sesión de ayer.
Pero la proposición de ley con la reforma del TC no había salido del Congreso, porque será aprobada en el Pleno de este jueves. Como la tramitación en la Cámara Baja ha sido urgente, el Senado prepara ya el terreno para darle igualmente a la iniciativa una tramitación exprés.
DEBE APROBARSE EN TRES SEMANAS
El calendario de tramitación en el Senado no se conocerá hasta que no llegue el texto del Congreso. Eso sí, como se termina la legislatura y sólo está ya previsto un último Pleno en el Senado, del 13 al 15 de octubre, la reforma deberá ser aprobada por fuerza en esas fechas. Y si no se recibe ningún cambio en la Cámara Alta, como es la previsión del PP, la ley será publicada por el BOE y entrará en vigor.
La reunión de este martes estuvo presidida por Rita Barberá, que estrenó así su cargo como presidenta de la Comisión Constitucional. La ex alcaldesa de Valencia ha sido designada para este puesto, que ha dado también cargos en distintas comisiones a otros ex dirigentes autonómicos incorporados al Senado tras perder las elecciones de mayo.
La reforma del TC planteada por el PP el pasado día 1 pretende
que el máximo intérprete de la Constitución pueda también suspender de sus funciones a los funcionarios y gobernantes que no cumplan sus sentencias. Aunque la iniciativa es aplicable a todas las administraciones, el PP la justificó como garantía para impedir un posible escenario de declaración unilateral de independencia en Cataluña, y de hecho fue presentada en el Congreso por el candidato 'popular' a la Generalitat, Xavier García Albiol.
LA OPOSICIÓN LA VE ELECTORALISTA
Desde el principio, todos los grupos de la oposición descalificaron la iniciativa y la tacharon de oportunista y electoral. En su primer debate en el Pleno del Congreso, celebrado el pasado día 16, el PP recabó el voto en contra del resto de grupos.
Pasadas las elecciones generales, las diferencias siguen igual y tanto el PSOE como Izquierda Plural y las formaciones soberanistas han pedido anular la iniciativa del PP. UPyD, por su parte, pide corregirla y dejar que sea la justicia penal y no el TC quien imponga la sanciones por desobediencia de las sentencias.
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