MADRID 8 Feb. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, creará una comisión mixta para estudiar las reclamaciones de transferencias solicitadas hoy por los presidentes de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que tendrá que estar constituida en el plazo de un mes.
En la rueda de prensa celebrada tras el encuentro en Madrid entre el ministro y el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ambos del PP, éste último afirmó que Sevilla les comentó que existe "una clara voluntad política de atender las demandas" y que el instrumento elegido es "la comisión que se va a crear". Asimismo Vivas afirmó que "en un par de meses o tres" podrán evaluar si el encuentro de esta mañana con el ministro es "simplemente una manera de salir al paso", o si por el contrario, es "el inicio de un camino que va a dar resultados positivos a las pretensiones que hemos planteado".
En este sentido, Vivas dijo que el ministro "no se ha pronunciado categóricamente" en ninguno de los aspectos que le han planteado ambos presidentes, pero que el ministro "sí considera positivo el que ampliemos el ámbito de colaboración entre ambas administraciones". Vivas señaló querer "dar un margen a esa comisión para que llegue a concretar" las peticiones de ambas ciudades, y explicó que "no esperábamos que en la mañana de hoy se pudiera dar una respuesta contundente, categórica y concreta a nuestras peticiones".
El presidenta ceutí explicó que en la reunión se trataron temas relacionados con el empleo y los servicios sociales, los que calificó como "trascendentales para Ceuta" porque "son muchas las necesidades que tenemos". Además, indicó que para poder atender "de manera satisfactoria estos objetivos" es necesaria "la complicidad y el compromiso" de ambas administraciones "como ha sido antes y como esperamos que siga siendo en el futuro".
Además, Vivas explicó que le ha informado al ministro la situación en la que se encuentra la comisión delegada que busca "mejorar nuestro Estatuto de Autonomía", mejora que incluye la "legítima aspiración" de Ceuta de "acceder al rango de comunidad autónoma".
Por su parte, el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, dijo que en la comisión se intentará "rescatar una competencia que era nuestra, la de urbanismo". La gestión urbanística de Melilla se encuentra ahora mismo en manos del Estado, desde que le fuera retirada al Gobierno local en 1999, momento en el que gobernaba el Grupo Independiente Liberal (GIL).
Con respecto a la implantación total de la 'Alta Velocidad en navegación marítima', Imbroda informó que era un tema que no había sido tratado con el ministro, ya que es un asunto que "ya lo sabe el presidente del gobierno". En este sentido dijo que lo que demandan es "un buque de más de 40 nudos", que sería "vital para Melilla ya que "nos pondríamos en menos de tres horas en Málaga, y en Almería no llegaría a la hora y media".
REUNIÓN ENTRE IMBRODA Y VIVAS
Por otra parte, Vivas indicó que esta mañana continuaron la reunión de ayer entre ambos presidentes, en la que decidieron "ponerle plazo" a la presentación en el Ministerio de Hacienda de la propuesta conjunta con el fin de obtener la autorización de este Ministerio "para rebajar los tipos de gravamen del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación". Según explicó Vivas esta rebaja tiene como objetivo "incentivar la actividad comercial en la ciudad y por tanto favorecer el empleo".
El presidente ceutí explicó que "nos hemos comprometido a que en un plazo de 15 días esas propuestas estén elaboradas", para que el Ministerio de Hacienda se pueda reunir con ambas ciudades autónomas "a finales de este mes".
Además, Vivas dijo que esta reunión anterior a la mantenida con el ministro "ha servido para hacer una petición conjunta al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales" sobre la prórroga de la orden ministerial que recoge que las empresas radicadas en Ceuta y Melilla y los trabajadores autónomos de la mayor parte de las industrias tienen una bonificación del 40 por ciento en las cuotas a la seguridad social. Vivas explicó que han pedido que esta orden ministerial, que vence el próximo 31 de marzo, "se prorrogue y se amplíe" y que esta bonificación pase del "40 al 50 por ciento". "Es una medida que consideramos plenamente justificada dada la situación de paro y de crisis económica local que atraviesan una buena parte de los sectores de la economía local y porque consideramos que hasta ahora ha sido una medida muy eficaz", agregó.