MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, defendió esta tarde en el Congreso cómo se ha recogido en el proyecto del Estatut la oficialidad del catalán y del castellano, denunció la "matraca" que a su juicio está dando el PP sobre este asunto y acusó al principal partido de la oposición de "arrastrar" a cuatro millones de españoles, por este proyecto legislativo, a un "referéndum ilegal".
Así se expresó el ministro en respuesta a dos preguntas de diputadas del PP en el pleno de control al Gobierno de hoy. María Dolors Nadal insistió en que se "vulnera" el derecho a vivir en lengua castellana y como ejemplo puso las multas por no rotular las tiendas y negocios en catalán. Aseguró que ante esta situación defiende a los ciudadanos el Síndic de Greuges, que desoye las denuncias.
"Esto no se ha producido por azar cósmico, se ha producido porque el señor Zapatero ha apoyado y promovido ese proceso de construcción nacional en el que está Cataluña", añadió la diputada.
Sevilla acusó a Nadal de no escuchar las explicaciones del Gobierno. "Le da lo mismo, sigue con la misma matraca, sea cual sea la realidad", añadió el ministro, para acusar al PP de haber "manipulado" a cuatro millones de españoles para que apoyen "un referéndum ilegal", en referencia a las firmas recogidas por el partido a favor de esa convocatoria.
LOS FUNCIONARIOS
"La Constitución prohíbe hacer referéndums sobre leyes orgánicas. Este Gobierno garantiza la Constitución y no la utiliza en contra de la otra mitad de los españoles", insistió el ministro en su respuesta a la pregunta de otra diputada del PP, Ana Torme, sobre "el derecho constitucional de los funcionarios a emplear el castellano", también en Cataluña.
La diputada señaló que ese derecho constitucional "ha desaparecido" con el Estatut y que afecta a más de 31.000 funcionarios. "Es una barbaridad que un estatuto imponga criterios sobre los funcionarios de otra administración", denunció Torme, para quien el Gobierno "permanece mudo ante este clima de persecución que el tripartito hace con la lengua".
El ministro dijo que su Gobierno "garantiza los derechos y libertades" de los españoles "seguramente con mayor contundencia" que los Gobiernos anteriores del PP. Con respecto a los funcionarios, expuso que desde 1984 está regulada la "obligatoriedad" de que las administraciones públicas tengan en cuenta al seleccionar a sus empleados que estén capacitados para atender a los ciudadanos en las lenguas oficiales, donde haya más de una.
Añadió que así lo ha regulado por ejemplo Galicia, en la etapa de gobierno de Manuel Fraga, y que en la reforma del estatuto de la función pública que presentó Ángel Acebes cuando era ministro del ramo "decía lo mismo".
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