JAEN, 25 May. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, destacó hoy que el Estatuto del Empleado Público "hace compatible el compromiso de mejorar la prestación de los servicios públicos" con el de contar con "buenos empleados públicos, bien seleccionados según los principios de mérito y capacidad".
En declaraciones a los periodistas en Jaén, Sevilla manifestó que el acuerdo alcanzado ayer con los tres principales sindicatos de la función pública es fruto de "dos años de trabajo" en pro de "una buena administración pública que ayude a la libertad, a los derechos, a la productividad de sociedad y al bienestar".
Por ello, el ministro de Administraciones Públicas indicó que el Estatuto del Funcionario "marcará unas líneas homogéneas de función pública en España" que serán "compatibles con la capacidad de autoorganización de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos", según garantizó.
Así, Sevilla resaltó que se articularán mecanismos de control y supervisión de la gestión de estos trabajadores, que tendrán objetivos que "se puedan cuantificar, medir y retribuir", y que se recogerán los "derechos y deberes de los funcionarios públicos y la capacidad de negociación colectiva". "Estamos dando un salto para pasar de una administración que todavía tiene demasiados rasgos del vuelva usted mañana a otra abierta 24 horas", analizó.
En último lugar, el ministro de Administraciones Públicas mostró su confianza por que "en próximas semanas" se haga público el acuerdo con los grupos políticos para que apoyen este proyecto en el Parlamento y "pase del deseo a la realidad", un apoyo que le han manifestado "todos los grupos menos el PP".
Según indicó ayer Sevilla, con este nuevo Estatuto, "que va a regular el trabajo de 2,5 millones de empleados", el Ejecutivo pretende acabar con la temporalidad de los trabajadores públicos y modernizar la Administración para "ponerla a la altura del siglo XXI y al nivel que necesitan sus empleados". Sevilla apuntó que el nuevo estatuto de los funcionarios entrará en vigor en los primeros meses de 2007.
En todo caso, el titular de Administraciones Públicas quiso dejar claro que tan sólo se trata de un preacuerdo, y que a partir de aquí aun "queda un largo recorrido" puesto que el texto todavía deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros, discutido por las comunidades autónomas y finalmente refrendado por el Parlamento. Aunque Sevilla mostró su confianza en que "el Estatuto final no será muy diferente al preacuerdo de hoy".
