Sindicatos, periodistas e IU-ICV apoyan el proyecto del estatuto del periodista mientras el PSOE expresa su "cautela"

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Representantes de medios de comunicación de UGT y CCOO, el ex secretario general de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) José María Torre Cervigón y el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, expresaron hoy su defensa de la proposición de ley del Estatuto del periodista profesional, que consideraron "en el limbo" parlamentario desde hace año y medio. Por su parte, el diputado socialista y miembro de la Comisión Constitucional Elviro Aranda, se posicionó ante el proyecto "con la cautela que entraña el conflicto de intereses".

La proposición de ley del Grupo Izquierda Verde se encuentra actualmente "paralizada" en la fase de comparecencias según el grupo proponente, que denuncia que en un año apenas se ha escuchado a 9 de los más de cuarenta expertos pedidos por los distintos grupos parlamentarios. Además, según aseguró la diputada Isaura Navarro (IU-ICV) en una mesa redonda organizada en el Congreso, "ningún grupo asiste a escuchar las comparecencias, auque las hayan solicitado", por lo que al ritmo actual "serían necesarias dos legislaturas" para sacar adelante el proyecto, cuya admisión a trámite fue apoyada por el Grupo Socialista.

El texto legal, según defendió hoy Llamazares, pretende "garantizar los derechos del colectivo, que no pueden quedar a la buena voluntad de las empresas donde trabajan, porque son derechos que también pertenecen a la ciudadanía consagrados por la Constitución". Para el coordinador general de IU, "recibir información veraz", como consta en el Artículo 20 de la Carta Magna, "depende de que los periodistas puedan ejercer su profesión con dignidad".

En el articulado del proyecto se equipara en derechos a los periodistas a la pieza o 'freelance', se instituye una acreditación o carnet profesional para todos los periodistas, y se regula la cláusula de conciencia y el secreto profesional, así como el acceso a las fuentes informativas y el delito de revelación de fuentes confidenciales. Asimismo, se establece la obligación de crear en las empresas informativas Consejos de Redacción y se recoge un código deontológico común.

"SITUACIÓN COMPLEJA"

Para el socialista Aranda, "la situación es compleja" porque atañe a derechos fundamentales e intereses contrapuestos entre las empresas y los trabajadores, por lo que en su intervención expresó sus "precauciones" sobre el proyecto. El representante socialista en la comisión donde se debate el texto aludió a la necesidad de mejorar las garantías legales sobre el secreto profesional y la cláusula de conciencia, y apoyó la necesidad de "desarrollar las condiciones de las personas que desempeñan una función básica en la sociedad".

Preguntado si el proyecto podrá finalmente aprobarse en la legislatura en curso, se limitó a señalar que el proyecto "está admitido a trámite y debatiéndose, por lo que se dan las circunstancias para que así sea".

Navarro replicó que "el hecho de que esté a debate no garantiza que se apruebe", y recordó que todos los grupos de la Cámara rechazaron una propuesta de IU-ICV que pedía garantizar los derechos laborales de los periodistas con el argumento de que era necesario dar un impulso al estatuto, "y todos se comprometieron ante el Parlamento a acelerar las comparecencias".

Por su parte, Llamazares atribuyó a "la campaña mediática en contra" del proyecto un efecto "atemorizador" en los grupos políticos, a los que culpó de buscar "un eslalom gigante que dilate el trámite parlamentario". Ambos miembros recordaron que el proyecto no es de la formación política, "sino que han asumido y dado voz al Foro de Organizaciones de Periodistas, que redactó el proyecto en 2000 y que como tal fue presentado.

"EL PEOR MOMENTO EN 30 AÑOS"

Para el profesor Torre Cervigón, el proyecto es necesario porque "los derechos se garantizan sólo en la leyes, y el periodismo es la profesión más desregulada", y negó que se trate de una medida intervencionista, "sino que al contrario impide el intervencionismo político y económico en el trabajo del periodista".

Todos los asistentes coincidieron al calificar el momento presente "como el peor en treinta años de periodismo libre", tanto en el aspecto laboral como en cuanto al respeto de los derechos de los trabajadores. Según Víctor Sánchez, coordinador estatal de la Agrupación General de Periodistas de UGT, la precariedad laboral en el sector alcanza al 50 por ciento de los trabajadores, por lo que se preguntó: "¿Qué escenario es imaginable en una profesión autorregulada, es decir, desprotegida, en caso de conflicto con la empresa?".

Los asistentes criticaron la actitud del actual presidente de FAPE, Fernando González Urbaneja, al que consideraron "voz del sector ultra de la asociación", y de formaciones políticas "de izquierda" como ERC, que renunció a asistir a las comparecencias cuando fue denegada la de Martxelo Otamendi --procesado por integración en ETA por el caso 'Egunkaria', diario del que era director--, "cuya actitud está siendo un desastre", según Luis María González, representante de CCOO.