MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -
Todos los sindicatos con representación en Radiotelevisión Española coincidieron hoy en su rechazo total al plan de saneamiento del ente público propuesto por la Dirección General del ente y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y pidieron su retirada para volver a las negociaciones, que "en ningún caso", aseguraron, tomarán esa propuesta como punto de partida. Además, denunciaron que los costes considerados el origen del problema en RTVE "no son estructurales, sino de gestión", y pusieron como ejemplo el coste del programa 'Arús... TAG', o 'España Directo', según sus datos, superior al presupuesto de Ràdio 4.
Los representantes sindicales de USO, APLI, CCOO y UGT acompañaron a Juan Manuel Hidalgo, presidente del Comité General Intercentros (CGI) --máximo órgano de representación de los trabajadores--, quien insistió en su negativa a negociar la reducción de plantilla sin que se conozca el mandato marco, orden parlamentaria que determinará los objetivos de la futura corporación.
"El modelo futuro de la Corporación no lo decidirá el plan de saneamiento, ni la Ley de RTVE, sino las atribuciones que se le encomienden, y que serán definidas en el mandato marco", que tiene una vigencia de 9 años y establece una relación de los compromisos de servicio público para los medios del estado, por lo que, según el secretario general de UGT en RTVE, Francisco Andújar, "sólo se negociará cuando se conozca, porque el plan no es válido y lo tienen que retirar".
Hidalgo justificó la invalidez del plan de saneamiento por considerar que parte de una acusación errónea: "se nos dice que somos un pozo sin fondo, cuando son las políticas de gestión y contratación las que son un desastre", y apuntó como ejemplos el contrato con el programa de Alfonso Arús, 'Arús... TAG', que, según sus datos, asciende 3,1 millones de euros para 23 programas, o el último estreno 'Teleobjetivo', que costará 1,4 millones para 13 ediciones.
Entre los costes, también criticaron el contrato con la productora Mediapro para la realización de 'España Directo', que supera los 7 millones de euros por 6 meses, "cuando el presupuesto de Ràdio 4 para todo el año es de poco más de 4". "El plan lo resuelve todo diciendo que hay que despedir personal, pero menciona las contrataciones ni de que se encarguen a la competencia, como La Sexta", añadió Hidalgo. En su opinión, "no se está diciendo toda la verdad" de la reforma, porque "hay intereses económicos en otras cadenas que están surgiendo".
El secretario general de CCOO, Marcel Camacho, coincidió en esta opinión y explicó la situación como "un intento por parte del Gobierno de reordenar del sector audiovisual, y donde TVE no sea una referencia".
Ante esta coyuntura, el presidente del CGI instó a la retirada del plan de saneamiento para comenzar un cambio en el modelo de gestión y de las relaciones laborales. "Somos conscientes de que hay que cambiarlas, pero en un marco laboral estable y digno y nunca en el empequeñecimiento ni el modelo americano que pretenden", afirmó Hidalgo, que pidió una negociación de "la gestión, producción y relaciones laborales".
NUEVA REUNIÓN
Estos extremos serán debatidos en la próxima reunión que mantendrán ambas partes, aún sin fecha, pero que se realizará "en breve". Así se lo comunicó la SEPI al CGI mediante una carta, respondiendo a una solicitud previa de los trabajadores. La novedad en esa cita, según confirmó Hidalgo, es que se incluirá como interlocutores a los sindicatos minoritarios, APLI y USO, integrados en el CGI.
En ella, le harán llegar a la SEPI su plan de saneamiento alternativo, entregado antes a los medios "porque ellos se negaron a recibirnos". En ese plan se proponen formas de contratación temporal y otras medidas en materia de producción y personal.
En la próxima cita, el CGI reclamará la retirada del plan de saneamiento, que no considera punto de partida, para negociar su alternativa. En caso de que este extremo no sea aceptado, Hidalgo advirtió: "estaremos en el enfrentamiento". "Nos encontraremos en la confrontación pura y dura, porque nosotros no vamos a aceptar negociar sobre la reducción de 4.000 puestos de trabajo", señaló Andújar.
La retirada del plan de saneamiento con el fin de esperar al primer mandato marco supondría que las medidas que afectasen a la plantilla deberían posponerse a la aprobación de la ley y su ejecución, mientras que la disposición adicional 35 de la Ley de presupuestos supedita la subvención de 570 millones de euros a la ejecución de un plan este año.
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