PAMPLONA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Partido Socialista de Navarra quiere que la Cámara de Comptos fiscalice aspectos concretos de la operación de compra de acciones de Iberdrola, encargada por el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno foral a la empresa pública Sodena en febrero de 2004.
PSN tiene "dudas más que razonables" sobre la legalidad de la operación pero quiere contar con "pruebas" para pedir responsabilidades políticas, si es que "alguien se ha saltado la ley". También opina que la operación no se realizó en beneficio del interés general de Navarra. En función del dictamen de Comptos, PSN contempla promover una impugnación de los acuerdos que se alcanzaron en Sodena y en el Gobierno foral, "en defensa de la legalidad".
El secretario general, Carlos Chivite, y el portavoz parlamentario, Fernando Puras, el Gobierno esperan que el informe de asesoramiento de Comptos arroje luz sobre a quién se compraron las acciones - no pertenecían a la cartera de Iberdrola, dijeron- y aclare la legitimidad de Sodena y de sus responsables para realizar la compra y del Gobierno, para autorizarla.
Igualmente, solicitan datos sobre el contrato de compra, quién firmó en nombre de Sodena, si además de a Caja Navarra se pidieron otras ofertas para financiar la operación, gastos de comisiones, coste del seguro de riesgo, rentabilidad neta en los años 2004 y 2005 y previsiones de 2006.
DUDAS
Tras la compra de acciones, PSN solicitó que el Parlamento encargara un informe de fiscalización del conjunto de la operación a la Cámara de Comptos. Esta desestimó la petición y recomendó que se precisaran las preguntas.
Según PSN, el 8 de febrero, el consejero Iribarren encargó por carta a Sodena la compra de las acciones. Caja Navarra comunicó el día 16 que en la jornada anterior tuvo lugar la compra. El Gobierno adquirió 9 millones de acciones por un total de 173,3 millones, para lo que Caja Navarra aportó un crédito sindicato con otras entidades bancarias de 120 millones. Cada acción costó 19,25 euros. Puras señaló que el día 15, la acción alcanzó un máximo de 20,26 y cerró a 20,14. El precio de compra correspondía al cierre del 9 de febrero.
Puras se preguntó si existía un compromiso previo e indicó que las acciones no pertenecían a la autocartera de Iberdrola. Considera "relevante" saber de quién eran.
El Consejo de Administración de Sodena conoció y ratificó la compra el 3 de febrero y el 14 de marzo la confirmó el Gobierno. Chivite apuntó que los trámites se realizaron al revés; primero se compró y después se autorizó. PSN quiere conocer quién compró en nombre de Sodena, si contaba con autorización y cuáles eran los poderes de su director general, Josetxo Aracama.
Además, Puras indicó que los estatutos de la sociedad pública no dan cobertura a esta operación, ya que los "límites" para participar en el capital son en los casos de "sociedades cuya creación promueva, en aquellas que lo amplíen y en las que se fusionen o reestructuren".
"El Gobierno no podía autorizar la operación. Sodena no puede comprar esto. Queremos que Comptos lo aclare", dijo Sodena. También apuntó que la misión de Sodena no es invertir en bolsa sino promocionar sociedades o apoyar a las que tuvieran que soportar algún riesgo.
PSN también quiere conocer si el Gobierno solicitó otras ofertas de financiación para el préstamo de 120 euros y para los otros 8 millones que cuesta el mantenimiento del seguro de riesgo, según el cual el Gobierno queda protegido si la acción cae por debajo de los 19,25. No obstante, según el seguro, si la acción supera los 20,66 euros, "la ganancia de más de 5 millones de acciones queda para quien está dando la cobertura", explicó Puras. También advirtió que si la operación se inscribió, 7 millones de acciones se dejan en prenda a las entidades financieras como garantía de pago.
JUSTIFICACIÓN INCUMPLIDA
Chivite desvinculó la compra del 1% de Iberdrola de la venta de EHN, ya que para invertir en Iberdrola el Gobierno pidió un préstamo de 120 millones. Tampoco discutió la decisión política o la legitimidad del Gobierno. Se quejó porque, a su juicio, "se está ocultando la verdad". "Hay que cumplir las reglas. No se puede administrar Navarra al libre albedrío de un oportunismo interesado", comentó.
Chivite también denunció que los "seis" argumentos esgrimidos por Miguel Sanz a favor de la operación se han "incumplido" un año después, en referencia a justificaciones de decisión política estratégica para Navarra, operación segura, rentabilidad social y económica o transparencia. Por ejemplo, manifestó que la operación fue "precipitada", se "han utilizado fondos para intereses ajenos a Navarra", ha hipotecado recursos para invertir en el sistema productivo, no ha mejorado la posición de Navarra en el mapa energético ni el Gobierno ha colocado un consejero en Iberdrola.
Chivite no cree que Sanz desconociera la decisión, como informó en su día. "Tomó arte y parte", afirmó. Reclamó que, en caso de ser cierto lo que dijo, Sanz sea "presidente a tiempo completo" y se entere de las actuaciones de sus consejeros. Afirmó que el Gobierno de Sanz "es el Gobierno de los negocios, de las concesiones a amigos, de las crisis industriales, de los negocios con nuestros derechos".
UPN, según Chivite, adopta una estrategia "clónica" a la del PP, "de acumulación de poder", para hacerse "dueños y señores" de Navarra para "secuestrar la voluntad libre de los ciudadanos a través de la economía". "Navarra está muchísimo pero que antes de la operación de EHN e Iberdrola", diagnosticó.
