Estos son los miembros del Consejo de Estado que prepararán en un tiempo récord la reforma de los aforamientos

María Teresa Fernández de la Vega y el presidente Pedro Sánchez
MONCLOA - Archivo
Publicado 07/10/2018 12:01:41CET

El Ejecutivo espera tener el informe para finales de octubre o principios de noviembre

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El encargo que el Gobierno ha encomendado al Consejo de Estado para que le prepare una propuesta de reforma limitada de la Constitución para acotar el aforamiento de los miembros del Ejecutivo, diputados y senadores ha reactivado una comisión de este órgano consultivo del Ejecutivo que permanecía en desuso desde 2011.

Por primera vez en los últimos siete años, este jueves pasado el Pleno del Consejo de Estado designaba a los ochos miembros de la comisión de estudios que, bajo la dirección de la presidenta del organismo, María Teresa Fernández de la Vega, prepararán el informe pedido por el Gobierno y otros que le pudieran encargar.

Fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el que, en 2004, nada más acceder al poder, reformó la ley para permitir que el supremo órgano consultivo del Ejecutivo pudiera elaborar propuestas legislativas o de reforma constitucional, a petición del Gobierno.

El Ejecutivo de Zapatero recurrió a esta fórmula hasta en ocho ocasiones. La primera, para pedirle que estudiara la viabilidad de reformar algunos aspectos concretos de la Carta Magna referidos a la inclusión de la denominación oficial de las Comunidades Autónomas en la Constitución, la reforma del Senado, la eliminación de la prevalencia del varón en la sucesión a la Corona y la integración de España en la Unión Europea.

Además de este informe, que no llegó a concretarse en una reforma de la Constitución, el Consejo de Estado publicó otros estudios, a petición del Gobierno, sobre aspectos tan variados como las posibilidades de actuación contra los anuncios de prostitución en medios de comunicación o sobre las propuestas de modificación del Régimen Electoral General.

RAJOY NO LO USÓ NI UNA VEZ

El Gobierno de Mariano Rajoy no recurrió ni una sola vez al Consejo de Estado para encomendarle el estudio o preparación de una propuesta legislativa o de reforma constitucional. Los 'populares' sólo recurrían a este órgano consultivo para pedirle los dictámenes que son preceptivos, aunque no vinculantes, para poder aprobar un proyecto de ley.

La comisión de estudios constituida el jueves pasado la componen Landelino Lavilla, Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, Fernando Ledesma, Consuelo Castro, Yolanda Gómez, Manuel José Silva y Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona.

Este grupo de expertos dispone apenas de un mes para preparar una propuesta de reforma de los aforamientos, que deberá aprobar en última instancia el Pleno de la institución. Es el plazo que le ha dado el Gobierno y que, hoy por hoy, el Consejo de Estado se ve capacitado para cumplir, de manera que a finales de octubre o primeros de noviembre el informe le llegue al Ejecutivo.

No obstante, si el plazo dado se quedase corto por la complejidad de la materia, el órgano consultivo puede, en virtud del artículo 133 de su reglamento, pedir al Ejecutivo que le conceda más tiempo.

El encargo del Ejecutivo consiste en que sea el Consejo de Estado el que proponga en qué sentido modificar los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución, que son los que hacen referencia al fuero de los miembros del Gobierno, diputados y senadores, consistente en que el tribunal competente para investigarles es el Tribunal Supremo.

El Gobierno tan sólo le ha indicado al Consejo de Estado que su voluntad es la de restringir el aforamiento al "estricto ejercicio" de sus funciones como cargo público, excluyendo aquellos delitos asociados con la corrupción. Pretende el Ejecutivo con este cambio terminar con la sensación imperante entre la ciudadanía de que el fuero de ministros y parlamentarios supone un privilegio.

Pero esta idea de fácil formulación verbal no es tan sencilla de materializar en el plano jurídico, pues podría requerir especificar uno a uno los delitos que no estarían cubiertos por el aforamiento, lo que no corresponde precisar en la Constitución con ese grado de detalle.

El Consejo de Estado sí podría sugerir en su informe qué leyes y en qué sentido convendría modificar para que se adecuaran a la nueva redacción de la Constitución.

Una vez que el Gobierno remita a las Cortes su propuesta de reforma limitada de la Constitución para acotar los aforamientos, ve posible tramitar este cambio en tan sólo 60 días. El Ejecutivo, además, ha asumido con normalidad la posibilidad de que la reforma limitada de la Carta Magna sea sometida a referéndum. Sólo con que un 10 por ciento de los diputados lo pida --y Unidos Podemos ya ha avanzado esta intención-- es obligado proceder a esa consulta.

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