STEPV reclama a la Fiscalía del TSJCV que considere atentado contra funcionario público las agresiones al profesorado

VALENCIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV-Iv) reclamó hoy a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que se considere "toda agresión verbal, física o falsa denuncia al profesorado, como atentado a funcionario público, con la consecuente pena recogida en el artículo 550 del Código Penal".

Desde la organización matizaron que esto se haga "siempre teniendo en cuenta los atenuantes que puedan ser considerados, pero con el objetivo claro que en ningún momento ningún padre o madre, ningún alumno o alumna, pueda manifestar descaradamente y con desvergüenza lo barato que resulta golpear, insultar o denunciar falsamente a un profesor".

STEPV-Iv recordó que "viene reclamando desde hace años políticas activas de respuesta ante de la violencia contra el profesorado y en general la conflictividad en los centros". En este sentido, argumentaron que "hemos demandado más recursos para la identificación de los casos de violencia y su objetivación, hemos pedido repetidamente a la conselleria de Educación que articule medidas claras de prevención y respuesta, y hemos reivindicado la participación del profesorado en la elaboración del Plan Previ que desde su inicio nos ha sido negada por la Administración educativa, igual que en la redacción del Protocolo de Asistencia Jurídica o la integración en el Observatorio para la convivencia", afirmaron.

Por ello, este sindicato exigirá, mañana al conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, en una entrevista que se celebrará a partir de las 12.00 horas que ponga en marcha toda una serie de medidas que apuestan por una convivencia democrática y un trabajo saludable.

Ente ellas, figuran "hacer público el rechazo a todo episodio de violencia física, verbal, gestual, sexual, organizativa, psicológica, social o racista; dotar a los centros de suficientes recursos para que den apoyo a las personas afectadas; potenciar la cultura preventiva; diseñar un Plan de Convivencia de la Generalitat con la participación de todos los sectores educativos en el marco del Consejo Escolar Valenciano; reforzar las tutorías y los departamentos de Orientación e impulsar programas de coeducación y las Escuelas de Familia".

Por su parte, la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE UGT-PV) constató hoy en un comunicado que "tal es el grado de inquietud en el colectivo docente -máxime tras los últimos casos recogidos en diferentes medios de comunicación sobre agresiones físicas y verbales hacia profesores- que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha emplazado a sus fiscales a que acusen por un delito de atentado cuando se produzcan agresiones al profesorado". Reacciones semejantes se están produciendo en nuestro ámbito, como la decisión de los fiscales de Alicante sobre comenzar a pedir penas de entre uno y tres años de cárcel por las agresiones a profesores.

Ante esta información, FETE-UGT PV se muestra "satisfecha" de que una alta institución como es el TSJC y la Fiscalía de Alicante se haya hecho eco de la difícil situación en la que se encuentran los centros educativos y, por ende, el profesorado. "Pero esto no significa que todas las situaciones de falta de convivencia tengan que judicializarse", apuntaron.

Este sindicato entiende que "antes de pasar por un proceso judicial deben agotarse todas las medidas administrativas", insistieron.

ATENCION A LA DIVERSIDAD

Por esta razón, la Federación reclama a la Administración educativa valenciana "medidas de atención a la diversidad adecuadas al tipo de alumnado de cada centro y la incorporación de nuevos perfiles profesionales que den respuesta a las nuevas demandas sociales que reclama la educación".

Asimismo, estas fuentes insistieron en que, "salvo casos aislados de agresiones, se debe primar la adopción de medidas educativas para frenar la mala convivencia, ya que es muy difícil realizar una intervención donde ya se ha deteriorado la convivencia, es mejor prever que corregir", sentenciaron.

Desde UGT también se apuntan algunas posibles soluciones al problema de la convivencia en las aulas, entre las que destacan facilitar la coordinación entre las distintas administraciones, asistencia social, Policía y Fiscalía; creación de un Servicio de Atención Educativa con asistentes de educación; Observatorios de Convivencia participativos y activos; matrícula equilibrada de alumnado con necesidades educativas especiales entre todos los centros sostenidos con fondos públicos, y garantizar la asistencia jurídica del personal que haya sufrido agresiones.